Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

Un juez con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre en San Andrés por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado agravado. La Fiscalía General de la Nación así lo solicitó luego de investigar lo ocurrido el 17 de octubre en un establecimiento comercial de recaudo en el centro del archipiélago. Allí, precisa el ente acusador, Robinson Anaya Cuesta en compañía de otra persona habría intimidado con un arma de fuego a la cajera de turno, para apropiarse de 99 millones de pesos, y huir del lugar. El investigado no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía. Por decisión judicial, su reclusión se cumplirá en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés. Por su supuesta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado, receptación, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso personal, dos hombres fueron enviados a prisión en la Isla de San Andrés.

La comunidad de Caño del Oro vivió una jornada histórica al celebrar su primera cosecha de tilapia roja producida en sistemas piscícolas comunitarios. Este hito es parte del proyecto Pescando Progreso, una iniciativa liderada por Surtigas y su Fundación Promigas, en alianza con la Fundación Planeta Rural, que busca fortalecer la pesca artesanal y promover modelos productivos sostenibles en el departamento de Bolívar. Con el respaldo técnico, administrativo y comercial, 143 pescadores organizados en dos asociaciones de Caño del Oro han logrado transformar su oficio tradicional en una fuente sostenible de ingresos y desarrollo local. “Dejamos huella social cuando impulsamos las capacidades de la gente. Pescando Progreso demuestra que el trabajo colaborativo y sostenible genera transformación real en nuestras comunidades”, destacó Santiago Mejía, gerente general de Surtigas. El proyecto, que se desarrolla también en Puerto Badel, Lomas de Matunilla, Arjona y María la Baja, vincula a jóvenes rurales como enlaces comunitarios y ha sido clave en la apropiación del conocimiento, garantizando la sostenibilidad de los procesos más allá del acompañamiento técnico. “Nuestro propósito es impulsar una pesca organizada y con acceso a mercados, mejorando la seguridad alimentaria y fortaleciendo el tejido social”, afirmó Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas. En 2024, el programa Comunidades Más Productivas ha beneficiado a más de 5.970 personas en 86 municipios. Con una visión de largo plazo, Pescando Progreso proyecta la consolidación de una red regional con más de 200 productores, organizada bajo un modelo de producción alternada y sostenible.