Por Carlos Miranda
Luego de dos años de mandato por parte de la actual marioneta presidencial y como si de una absurda comedia se tratara, el gobierno vuelve y hace una de sus bromas que a nadie le hace gracia. Parece uno de esos procesos recursivos que explica Morin en su paradigma de la complejidad, donde todo producto es a su vez productor, en este caso el títere se volvió titiritero.
Hace poco menos de una semana el presidente completó un póker de reinas perfectos; procuradora, fiscal, contralor y defensor del pueblo. Tiene en sus manos –o bolsillos– cargos tan importantes que violan por completo el principio de contra pesos, el cual busca que todas las entidades estatales sean vigiladas por otras entidades, que se instaura en las democracias para así evitar el hiperpersonalismo.
Empezando por el fiscal Francisco Barbosa, que como él mismo lo ha expresado en sus redes sociales es gran amigo del actual presidente desde hace más de 25 años. Se posesiono como jefe del ente acusador el 13 de febrero de 2020. Hizo público su apoyo a la campaña del presidente en reiteradas ocasiones.
Y como ya nos lo había demostrado el anterior gobierno de Santos, tener un aliado como máximo fiscal de la nación trae grandes beneficios, hechos evidenciables en el actuar del exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien ni durante su cargo de fiscal, ni durante su trabajo como abogado del grupo AVAL denunció las irregularidades que el mismo observo en uno de los casos de corrupción más sonados en los últimos años, Odebrecht, que salpicó a Santos por presunto ingreso de dinero a su campaña en 2014
Obviando el hecho de la poca experiencia y preparación que ostentaba Barbosa en comparación con los otros aspirantes al cargo, de los mayores descaros cometidos por el fiscal tenemos el llamado a indagatoria al gerente de la campaña de Gustavo Petro de las elecciones de 2018, por una supuesta compra de votos con relación al famosísimo caso de la Ñeñe Política. Resulta incomprensible entender por qué iniciar una investigación contra uno de los lideres de la oposición cuando las principales pruebas del caso tienen como protagonista a María claudia Daza, exasesora de Uribe que dimitió semanas después del escándalo, en llamadas con el narcotraficante, “ñeñe”, arreglando compra de votos en el departamento de la guajira.
Aparte de esto, tenemos el apoyo público que hizo el ñeñe durante la época de elecciones antes de que se conociera sus nexos en el narcotráfico y el evidente afecto que tenia el presidente con el Ñeñe Hernández, que incluso fue invitado a la ceremonia de posesión del nuevo gobierno.
Su más reciente adquisición, la procuradora Margarita Cabello, quien logro reunir a todos los senadores de manera presencial para la votación, hecho que demuestra como la derecha vitalicia en el poder es capaz de unirse con tal de luchar por sus intereses, acababa de renunciar a su cargo como ministra de justicia del actual gabinete de gobierno apenas el 18 de agosto del presente año.
Es difícil, al menos para mí, entender como la procuraduría general de la nación, ente encargado de vigilar, investigar y sancionar a los funcionarios públicos, está lidereada por alguien tan cercana al partido de gobierno y su líder. Durante su paso por el ministerio de justicia, demostró su incompetencia en las más de 3 órdenes de extradición erróneas al gobierno de estados unidos por el exparamilitar Salvatore Mancuso, que por un momento nos hicieron pensar que quedaría en impunidad. Mancuso, quien debe retornar a Colombia como actor clave para esclarecer sucesos en el marco de la creación de grupos paramilitares, es a su vez el jefe máximo que ha vinculado a Álvaro Uribe Vélez con el auspicio de grupos al margen de la ley. A falta de una investigación formal, es iluso pensar que la procuradora, cómplice del fallido boicot para apartar a Mancuso de sus deudas con la justicia colombiana y acérrima defensora del Uribismo, sea quien emprenda una investigación contra su propia incompetencia.
A raíz de las consideraciones analizadas, esperar un panorama alentador no es solo insensato, sino un insulto a la separación misma de poderes que debería imponerse en una sociedad realmente democrática. Espero que un día de estos podamos vivir en una democracia genuina, no una plutocracia en la que los ricos tengan el poder absoluto y sus relaciones, con intereses de por medio, se sobrepongan al bien del pueblo colombiano. Esperemos que pronto esos hilos del titiritero, que ya se notan desgastados, por fin se rompan y demos paso a un nuevo tipo de gobierno.
