La jueza Sexta Administrativa del Circuito de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, dentro de la Acción popular, decreto medida cautelar en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, y evitar con ello la afectación de los cuerpos de agua, mangles y, en general, el ecosistema de la Laguna del Cabrero y zonas adyacentes, tal como se explica en la parte motiva de la sentencia. Además, la constructora, Smart Bau Eléctrica S.A.S y Araujo y Segovia deberán cumplir con la orden cautelar de manera inmediata. Dentro de la acción popular, la parte actora solicita al despacho que acceda al decreto de medida cautelar en el sentido que se ordene la suspensión provisional de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, con el fin de evitar el presunto daño ambiental, perdida del manglar y taponamiento de la Laguna del Cabrero. El argumento de la parte accionante, es que en el lugar donde se pretende la construcción del proyecto citado, resulta ser una zona de bajamar, de jurisdicción de la DIMAR, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona de manglar que bordea el cuerpo de agua Laguna de Cabrero, que es una reserva natural, razón por la que es objeto de protección constitucional y legal.  Ahora bien, el despacho en virtud del debido proceso surtió el traslado a las partes procesales Superintendencia de Notariado y Registro, Curaduría Urbana N° 2, Procuraduría General de la Nación, Distrito de Cartagena de Indias, Personería Distrital De Cartagena De Indias, DIMAR, EDURBE, Establecimiento Público Ambiental – EPA, para que ejerzan el derecho de defensa y contradicción. De lo anterior, estando vencido el traslado, la operadora judicial, se valió del principio de precaución, debiendo tomar las medidas eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente. Finalmente, advierte el despacho que todo lo expuesto en la demanda razonablemente fundada en derecho, como lo prescribe el literal del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

En Cartagena, mas específicamente en los años 70, cuando el desarrollo urbano aún convivía con tradiciones y costumbres locales, los buses de la desaparecida ruta de Torices marcaron una época inolvidable en el transporte público. Estos vehículos, fabricados en los años 60, eran Chevrolet modelo 1963, y representaban una de las formas más comunes y económicas de moverse por la ciudad, con su diseño peculiar, estos buses carecían de ventanas de vidrio, y en su lugar, llevaban cortinas de lona gruesa, similares a las de los camiones, que se sujetaban con presillas de cuero. Estas cortinas podían subirse o bajarse según la necesidad, ofreciendo protección contra el sol abrasador o las lluvias ocasionales, sin embargo, el viento a menudo las levantaba, y con él, pequeños rocíos de agua o polvo impactaban en los pasajeros, dando origen al apodo «buses pringa cara». A pesar de sus limitaciones, como frenos de líquido y un motor que funcionaba exclusivamente con gasolina, estos vehículos fueron un símbolo de accesibilidad, ya que el costo del pasaje era menor en comparación con los modernos buses que comenzaron a aparecer con ventanillas de vidrio, por ello, los «buses pringa cara» se convirtieron en una opción popular entre los habitantes de Torices y otras zonas de Cartagena.