Colombia es un país que se caracteriza por ser diverso en todos los ámbitos: climático, étnico, cultural, biológico, geográfico y por ende, lingüístico.  La diversidad lingüística de Colombia es resultado de sus lenguas ancestrales, muchas de las cuales ya han desaparecido, las lenguas criollas, que surgieron como resultado de influencias extranjeras, la lengua romanés o gitana, la lengua de señas colombiana, y por supuesto, el español de Colombia que conforman el conjunto de los idiomas de Colombia. En Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas, 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas Palenquero de San Basilio y Creole de las islas de San Andrés  y Providencia,  la Romaní o Romaníes del pueblo Room-Gitano y la lengua de señas colombiana. Entre las lenguas indígenas destaca: achagua, andoque, awapit, bará, barasano, barí ara, bora, cabiyari, carapana, carijona, cocama, cofán, cuiba, curripaco, damana, desano, embera, ette naka, hitnu, guayabero, ika, inga, kakua, kamsá, kichwa, kogui, koreguaje, etc. Para los pueblos indígenas y sus más de 400 mil hablantes, la lengua materna es más que un instrumento para la comunicación; la lengua estructura el pensamiento, crea vínculos, articula relaciones sociales y con el cosmos, trasmite la esencia, tradición y sabiduría de generación en generación. Muchas lenguas nativas están en peligro de extinción como sus pueblos, según estudio de la Universidad de los Andes y el Centro Colombiano de Estudios de la Lengua Aborígenes, como es el caso de la achagua, que cuenta con 796 hablantes y la guayabero con 617 hablantes. Esta situación de riesgo es debido a su reducido número de hablantes en la zona geográfica de sus asentamientos, la tendencia al abandono de mecanismos propios para su transmisión a las nuevas generaciones, la exclusión social sobre estos pueblos, la violencia en los territorios, la falta de reconocimiento y visibilización por parte del Estado sobre la importancia de estas lenguas en la nación.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.