La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.

Tras de 10 años del atroz asesinato de Kelly Zapateiro por parte del comandante de policía de la estación de Manzanillo del Mar, Andrés Díaz y su esposa, Josefa Cardona, quienes aseinaron, desmembraron y le quitaron su bebé cuando solo tenía 8 meses de gestación. El mes pasado, fue lanzada una sentencia judicial que reconoce la responsabilidad de la nación en esté feminicidio, en la cual se exige una reparación integral para la familia de la víctima y su entorno. Las razones por las cuales se culpabiliza el estado es debido a que asesinato se da a sólo 23 metros de la estación de policía, los instrumentos para llevar a cabo el acto fueron tomados de las despensas de la estación, demás uniformados que estaban en el lugar omitieron los gritos, disparos y la fosa donde incineraron a Kelly. “La joven madre tenía derecho a permanecer segura al interior de la entidad estatal (…). Fueron precisamente (los policías de la estación los que incurrieron en sistémicas omisiones que terminaron por facilitar el fatal desenlace”, indicó la sentencia. Dentro de la reparación de los familiares de la víctima incluye: indemnización de 380 millones de pesos, la construcción de un parque ara protege la seguridad de los niños y niñas del sector, un mural en el parque que sensibilice sobre la violencia y el acoso de las mujeres e implementar programas con iniciativa de género en lapolicías enfocados en la erradicación de la violencia en contra de mujeres y en prevención con el feminicidio.