El Senado de la República, aprobó en último debate el proyecto que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes. Una práctica que ha afectado a miles de menores en zonas rurales e indígenas de Colombia. Este proyecto, apoyado por diversas organizaciones sociales y de la comunidad internacional, busca erradicar un fenómeno que contribuye a los ciclos de pobreza y violencia que afecta la integridad de los jóvenes en el país. «¡Hoy hicimos historia para la niñez de Colombia! Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron, el Congreso aprobó el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil. Esto es un triunfo de todas y todos”, expresó en su cuenta de X la representante Jennifer Pedraza, una de las congresistas que lideró el proyecto. Hasta ahora, la normativa en Colombia permitía esta clase de vínculos que permitían la unión matrimonial de menores a edades tempranas, un aspecto que, según especialistas, limita las oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral. A la espera que el presiente de la República, Gustavo Petro, sancione este proyecto, Colombia se suma a los países del mundo han erradicado el matrimonio infantil, consigna que se encuentra respaldada por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 con miras al desarrollo sostenible.

La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre el riesgo de una posible terminación anticipada del contrato de concesión para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique. Esta situación podría acarrear graves consecuencias económicas y ambientales para la región y el país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra señaló que finalizar anticipadamente este contrato implicaría un pago de hasta $350.000 millones al concesionario, sin que se hayan logrado avances significativos en la restauración ambiental prevista. Hasta el momento, solo se han realizado obras menores de mejoramiento vial y algunos dragados de mantenimiento en el canal. Además, la terminación del contrato dejaría sin solución problemas ambientales que afectan a aproximadamente 1,5 millones de personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Estos problemas incluyen bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en temporadas de sequía y excesiva sedimentación La Contraloría también advirtió que nuevos requisitos, como la exigencia de una licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la implementación de un protocolo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el canal y la realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, podrían retrasar aún más el proyecto. Ante este panorama, el contralor instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a gestionar adecuadamente estos riesgos para evitar la terminación anticipada del contrato y proteger los intereses públicos y ambientales de la región. La restauración del Canal del Dique es considerada un proyecto de importancia estratégica para la nación, con una inversión estimada de $3,26 billones, destinada a mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas y preservar ecosistemas clave en la región Caribe.