La construcción del alcantarillado en Bayunca y Pontezuela se encuentra en el ojo del huracán tras activar el proceso y evidenciar la solicitud del Consejo Comunitario, del primer corregimiento mencionado, de hacer consulta previa para avanzar con el proyecto.  La inversión total ronda los $120 mil millones y pretende beneficiar a 22.557 habitantes en Bayunca y 3.148 en Pontezuela. Este anuncio fue realizado el pasado 9 de febrero de 2024 por parte de, en su momento ministra Catalina Velasco, el gobernador de Bolívar Yamil Arana y el alcalde de Cartagena Dumek Turbay.  Ante ello, se conoce que ciudadanos pertenecientes al Consejo Comunitario en Bayunca solicitan consulta previa para avance de este proyecto.  Sin embargo, de acuerdo con la resolución ST- 1246 DE 04 DIC 2020 del Ministerio del Interior resuelve que “para las actividades y características que comprenden el proyecto Solución de Alcantarillado Sanitario de Bayunca y Pontezuela localizado en Distrito de Cartagena, no procede la realización del proceso de consulta previa”.  Finalmente, otros ciudadanos de estos corregimientos esperan las obras con ansias esta inversión histórica en sus comunidades. 

Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.