El CIDEA y la Política

Con el propósito de generar acciones concretas en Colombia y su división político-administrativa para la contribución a la solución de problemas socioambientales donde la especie humana es juez y parte, los Comités Técnicos Institucionales de Educación Ambiental o CIDEA son, desde el año 2003, una estrategia de la vigente Política Nacional de Educación Ambiental con interesantes objetivos; entre ellos, el impulso a los planes y proyectos de educación ambiental en el territorio: la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios. Lo anterior, con base en el Plan de Desarrollo adoptado por la administración de turno, basado en el artículo 4° de la Ley 1549 de 2012.

Cartagena de Indias cuenta con su CIDEA a través del Decreto 1245 de 2021. Al ser un espacio libre y autónomo en generación de conceptos y propuestas para el fortalecimiento de la educación ambiental contextual en las zonas rural, insular y urbana del Distrito, posee representación de diversas autoridades y de la sociedad civil. El CIDEA construye, fomenta y dinamiza proyectos de roles asociados al cambio conductual de la ciudadanía en la defensa y protección de los recursos naturales asociados no solamente al hábitat donde se convive, además de aquellos que están fuera de su alcance geográfico pero que son y hacen parte de la Ecosfera.

Los intereses de la educación ambiental son múltiples: más allá de temas clásicos, sino ajustados en su práctica a las necesidades integrales del territorio con pedagogías propias. Allí, lo político es clave para entender y apoyar con sus instrumentos de planeación. En su práctica, son conocidas estrategias para la escuela y la comunidad: PRAE y Proceda. Con las instituciones de educación superior, si bien poseen cátedras ambientales en mallas curriculares o proyectos de aula, será más efectivo cuando se articulan con otras estrategias de aplicación. Otros casos son también visibles: la primera infancia atendida por Bienestar Familiar, los saberes de vida del adulto mayor, personas en situación de discapacidad de origen auditivo o visual. Cada caso merece su propio abordaje pedagógico, validado a través de la ciencia. Eso es parte del Estado Social de Derecho. Punto para la actualización de la hoja de ruta nacional.

Más allá de sensibilizaciones a grosso modo, charlas o campañas masivas, las cuales son acciones donde se pone en tela de juicio su eficacia en el modelamiento de la conducta proambiental, la educación ambiental contextual es consciencia. Es ir más allá de la reflexión: práctica en cualquier lugar donde estemos y circunstancia vivida. Ahora, si hablamos de su ejercicio en la sociedad, los gobernantes deben aprobar partidas presupuestales suficientes y de fuentes serias para la ejecución de los proyectos, máxime cuando se requieren instrumentos de mayor nivel para la garantía del disfrute de un mejor ambiente, con participación social activa y efectiva.

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