Concretos #País, líder en concreto premezclado, continúa posicionándose como un socio clave para el sector de la construcción en #Cartagena y sus alrededores. Con un radio de cobertura de 80 kilómetros, la empresa destaca por su enfoque en calidad, puntualidad y atención personalizada, elementos que la han convertido en referencia para constructores, ingenieros y arquitectos de la región. Carlos Espinosa, gerente comercial, Concretos País ofrece cinco beneficios clave: productos de calidad superior, entregas confiables, asesoría técnica especializada, uso de agregados de alto desempeño y un servicio personalizado que responde a las necesidades de cada cliente. “Nuestro compromiso es aportar soluciones eficientes y de alta calidad para el desarrollo de proyectos que impulsen el crecimiento del Caribe”, señaló Espinosa. Con esta propuesta de valor, Concretos País reafirma su liderazgo en el mercado, consolidándose como un aliado estratégico en el desarrollo de obras que transforman el panorama constructivo de Cartagena y su #región.

En preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el intendente en retiro Carlos Augusto Fernández, aceptó ser parte de una red de trata de personas, por lo que fue condenado a siete años de prisión. Con la información que se recopiló por parte de la Dirección Especializada contra la violación a los derechos humanos de la Fiscalía, el hombre captaba a jóvenes en Medellín, y coordinaba traslados a Francia, donde eran explotados laboral y sexualmente. Entre los años 2022 y 2023, mientras estuvo activo, desempeñó labores en la estación La Candelaria, en la capital antioqueña, contactó a muchas mujeres a quien les ofreció que trabajaran como modelos en Francia. «Como requisito para viajar les pedía grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior. Este material era enviado a los cabecillas internacionales que se encargaban de dar el aval», dice la Fiscalía. Estas mujeres que obtenían la aprobación de la estructura tomaban un vuelo en el aeropuerto de Jose María Córdova de Rionegro con rumbo a Madrid o Barcelona (España), de donde eran trasladadas a Marsella, Niza y Montpellier (Francia). Las jóvenes se percataban que al llegar a territorio francés los registros fotográficos habían sido publicados en sitios virtuales donde se ofrecían servicios sexuales, los cuales terminaban ejerciendo para cubrir el pago de una deuda impuesta por la organización. Carlos Augusto Fernández Raigosa, además fue condenado por un juez penal especializado de Medellín, quien le impuso una multa equivalente a 1.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.