“¡La justicia es para los de ruana!”, refrán popular.

Por Álvaro Morales

Me llama poderosamente la atención que a pesar de haber leído y oído decir que las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento, en Cartagena, particularmente, esto no ocurre, convirtiéndose estas decisiones en letra muerta o en “cantos a la bandera”, como popularmente se dice, no pasando nada y siguiendo todo en el mismo estado, el estado del “status quo”.

El conocido proceder administrativo con sentencias judiciales promulgadas por togados de las diversas instancias judiciales sobre importantes problemas de la ciudad, nos lleva pensar que la misma suerte correrá el conocido y reciente fallo de fecha 4 de diciembre de 2020 emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, ordenando al distrito de Cartagena y a la nación hacer todo lo necesario y pertinente para materializar el macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen.

Es por demás sabido que la desobediencia a fallos judiciales constituye y está enmarcada como delito en el código Penal y tipificado como fraude a resolución judicial; pero nada pasa.

Siguiendo con estas Sentencias, acabamos de conocer otro fallo judicial proferido por el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Cartagena contra el distrito de Cartagena por no haber atendido ni cumplido con la regulación del transporte ilegal en la ciudad, que aseguramos será igual a los otros, y que a pesar que el distrito de Cartagena termine pagando la sanción de más de 400 millones al afectado demandante, el problema seguirá en lo mismo, sin solución, en “statu quo”.

Y qué decir de Bazurto, el “teatro de operaciones” de politiqueros indolentes, y sus incumplidas sentencias de hace once años emitidas en el 2010 tanto por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cartagena así como por el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenando a la Alcaldía de Cartagena el traslado definitivo del mercado de Bazurto en un plazo no mayor a cinco años, plazo que muy a pesar que se cumplió en el 2015, o sea, hace 6 años, el problema no sólo subsiste sino que se agrava.

En julio de 2014, o sea, hace casi siete años, muy a pesar que la Procuraduría General de la Nación ordenó al distrito de Cartagena, especialmente, al entonces alcalde Dionisio Vélez, a quien elevó pliego de cargos, la suspensión provisional del uso de caballos para tirar carrozas o coches hasta que no se implementaran medidas adecuadas para proteger la vida y la salud de los equinos, nada ha pasado ni pasará. Todo sigue igual, y peor.

En septiembre de 2020 se conoció de una decisión de la Capitanía de Puerto de Cartagena declarando a los propietarios del Hotel “Las Américas” como responsables de la ocupación indebida en la zona de baja mar donde se encuentra el Centro de Convenciones de dicho hotel, pero nada ha pasado, y hasta el famoso “Ecobloque” sigue y seguirá mudo.

En el 2013, o sea, hace 8 años, una decisión de última instancia del Consejo de Estado que le daba tres años de plazo al Hotel Hilton para restituir 26.000 metros cuadrados de playas y zonas de bajar robados a la nación y al distrito de Cartagena ha corrido la misma suerte; han pasado cinco años posteriores a su término de cumplimiento, y dicho hotel ha permanecido burlándose de los Magistrados que dictador esta sentencia, a pesar que la medida la atenuaron con la construcción de un parque de igual extensión a lo robado al mar, pero nada ha pasado.