Por Moisés Anaya 

Cero y van dos, el Concejo Distrital debe reintegrar nuevamente al segundo Secretario censurado en su historia, una vez más los concejales vulneran el debido proceso, lo que es peor; la constitución y lo que es más cómico, el mismo artículo. Uno pensaría que en tales errores pueden incurrir cualquiera, incluso 19 personas reunidas, los errores los comete cualquiera, sobre todo en este Concejo compuesto por novatos y unos atornillados que en su eterna estancia en la Corporación jamás aplicaron una moción de censura, aún si edificios aplastaban a personas vivas ante la mirada atónita de todos los cartageneros.

Sin embargo, uno se pregunta entonces para qué sirven las unidades asesoras de estos concejales. Y Para quienes lo ignoren, los concejales tienen derecho a una serie de OPS mediante las cuales a su gusto contratan a quienes quieran para que los asesore, en Cartagena son alrededor de 50 millones de pesos por concejal para que contraten en promedio 3 o 4 asesores cada uno y, sin embargo, ¿a quienes contratan? y ¿para qué?

La pregunta es válida, porque como nunca en la historia los concejales andan pendiente de vigilar las OPS del Distrito, de hecho, una de las razones que argumentan para censurar a Armando Córdoba es la poca eficiencia del personal contratado en OPS, pero sí de eficiencia se trata, parece que si en la alcaldía llueve, en el Concejo no escampa.

Ávidos y con el pecho henchido los concejales sacan a relucir que la orden del juez fue sobre el procedimiento y no porque el Secretario de Participación les haya ganado el debate, por supuesto que no les ganó, tampoco les ganará ningún otro funcionario que citen, es un debate de control meramente político y por tal razón no depende de la calidad de los argumentos, sino de la correlación de fuerzas políticas que existan en ese momento. El debate lo gana quien tenga la mayoría y no quien tenga la razón.

Al momento de este escrito han pasado más de las 48 horas ordenadas por el juez constitucional sin que Córdoba haya sido reintegrado, los concejales se defienden argumentando que ellos solamente están motivados por el único y altruista deber de hacer progresar a Cartagena, que su intención no es entorpecer, y que la salida de Córdoba no obedece a una persecución política. No obstante, el fallo a favor de Córdoba se da porque realizaron el procedimiento para sacarlo antes de lo previsto por la Constitución y en contrario sentido ahora se demoran más de lo ordenado para reintegrarlo ¿Por qué la prisa para sacarlo y por qué la lentitud para reintegrarlo?.