“Si no peleas contra la corrupción, acabarás formando parte de ella”, Joan Baez.
Por Álvaro Morales de León
Evoco este popular refrán del costumbrismo costeño empleado y reservado para aquellas actuaciones o negocios raros que se hacen “por debajo de cuerdas” esperando para ver si finalmente pasan sin que nadie se de cuenta o se percate del entuerto, y si una parte de los que han organizado el “chanchullo” dicen, “esperemos a ver si la puerca chilla”, otros menos osados dicen, preguntándose… ¿y si la puerca chilla?
Este refrán que, invocándose, a veces, a manera de pregunta es el empleado en la maquinación de la trama, queriendo decir que, si hay reclamos u observaciones sobre el mismo, todo puede volver su punto original como si nada hubiese pasado, o en el peor de los casos, como dice otro refrán, tocará entonces hacer lo que se conoce como “el vómito negro”.
Esto es ni más ni menos lo que ha pasado con el contrato que la gobernación de Bolívar suscribió el pasado 27 de marzo con una persona inhabilitada para hacerlo, y no cualquier persona, nada más y nada menos que con Carlos Andrés Rodríguez Arana, representante legal de la empresa Salud Segura R y L S.A.S., y quien es sobrino del actual presidente de la Asamblea Departamental, el magangueleño Jorge Rodríguez Sosa.
Pero es que este contratista, el señor Rodríguez Arana, no podía ser ningún desconocido, y no lo era porque no solo es el sobrino del Diputado Rodríguez Sosa, sino que además es también primo del Representante a la Cámara por el Partido Conservador, “Yamilito” Arana Padaui, quien, en las pasadas elecciones al Congreso, las del 2018, fue la formula política de la campaña al Senado de Nadia Blel, hermana del gobernador Vicente Blel.
Por lo tanto, queda suficientemente claro que a un aparecido, como dicen en la gobernación de Bolívar que era el contratista, Rodríguez Arana, con reconocidos vínculos familiares y políticos, no le dan cualquier contrato; y menos, uno por 435 millones de pesos dizque para suministrar a la gobernación de Bolívar elementos de bioseguridad.
“A otro perro con ese hueso”, también dice el refrán.
Pero las ridículas y absurdas declaraciones del secretario jurídico de la gobernación de Bolívar, Juan Mauricio González, no solamente entran a agravar el entuerto, y lo agrava cuando, creyendo engañar a la opinión pública, responsabiliza al secretario de salud del departamento, Alvaro González Hollman, quien suscribió el contrato, y no al señor gobernador, quien es el representante legal del ente territorial.
Ha añadido el señor Secretario Jurídico, continuando con sus “cantinflescas” palabras que sólo se enteraron de la familiaridad del contratista con el diputado Rodríguez Sosa cuando alguien a través de la red social las dio a conocer (Risas); y que ello los llevó a convocar de manera urgente la “Mesa de Moralidad” para dar a conocer sus actuaciones; Mesa que por lo conocido parece que está coja o le falta más de una pata.
Para seguir agravando la tramoya, el Secretario Jurídico, y al que han puesto a dar la cara por este insuceso, ha dicho que conocer o no del parentesco de un contratista con servidores de la esfera gubernamental con capacidad de ordenar gastos no hace parte de las variables que sean requisitos indispensables para suscribir un contrato.
Finalmente “la puerca chilló” cuando a través de las redes sociales se supo de esta irregularidad, quedando en el ambiente la pregunta… ¿y si no hubieran denunciado esta irregularidad que habría pasado con el contratista y con su contrato?
PD. Esta desmenuzada descripción obedece a que, por motivos conocidos, este acontecimiento administrativo de la gobernación de Bolívar no ha sido dado a conocer, lo suficiente, a través de los medios locales.
