Por Ariel Quiroga Vides

Abogado litigante en materia penal, socio fundador de Uno Legal, secretario general del colegio de abogados de la Universidad del Magdalena y columnista.

Diana Uribe en su obra Revoluciones alienta a que la historia no deba ser entendida como una línea recta de tiempo y orden cronológico, sino que nos invita a mirarla como un conjunto de eventos en muchas ocasiones cíclicos a lo largo de los años, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo frágil que son los logros sociales, políticos, de género y las garantías a las que estamos acostumbrados en occidente, pues sin darnos cuenta, podríamos estar permitiendo la conversión de una democracia con separación de poderes, a una tiranía, que primero inicia con el micrófono y luego con los cuarteles.

Por lo anterior, hay que estar vigilantes, pues aunque los franceses hayan puesto miles de muertos para que el legado de la separación de poderes de Montesquieu haya impregnado casi todo el hemisferio occidental y dado avances a nuestras democracias, no faltan los hechos aislados que pueden convertirse en tendencia y en un aviso de alerta.

En Colombia nos hemos venido acostumbrando (ya es tendencia) a que funcionarios nombrados de alto nivel y hasta uno que otro pigmeo de la rama ejecutiva, puestos en sus pedestales no por voluntad popular sino por dedocracia, se sientan con poder de lanzar públicamente acusaciones y ejercer presiones populacheras contra servidores de las otras ramas del poder público, especialmente contra los jueces y magistrados de la Republica.

Esto es lamentable, pues sin fórmula de juicio colocan a jueces y ciudadanos contra la pared y el señalamiento colectivo. Sino recordemos al señor Enrique Vives, quien por presiones de la opinión pública, sectores políticos y aunado a una defensa psicodélica, recibió una imputación inflada y una medida de aseguramiento innecesaria (revisar mi columna “estrategia auto inmunitaria” en Opinión Caribe).

Caso escandaloso

Pero el caso más escandaloso en estos días, lo encarna la “atarvanada” del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien probablemente sin asesoría jurídica previa, y con necesidad de megáfono, decidió amedrentar públicamente al Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, quien otorgó la detención domiciliaria al señor Jorge Luis Alfonso López, porque posee condiciones de salud incompatibles con la vida en reclusión carcelaria.

El señor Jorge Luis, solo es el señor Jorge Luis, un condenado más de miles que hay en Colombia, y que, así como muchos otros, él también logró obtener el beneficio de detención domiciliaria, sin embargo, hay un elemento taquillero de su situación personal, y es que este sujeto es hijo de Enilce López, seguramente por eso, el Ministro de Justicia saltó a cometer una imprudencia a cambio de quince minutos de baño popular. Lo que no se logra en urnas se logra con escándalos.

Lo del Ministro de Justicia es parecido, a aquellos desubicados que por tomarse una selfie arriesgada en la azotea de un edificio con el fin de aumentar seguidores, caen al vacío,  y simplemente se convierten en un ejemplo de cómo no ser un desbocado, pues después de que el jefe de la cartera de justicia (del ejecutivo) solicitara públicamente a la Fiscalía y a la Comisión de disciplina Judicial que investigara al juez por presuntas faltas e irregularidades, no se le ha vuelto a ver de nuevo, seguramente, la reflexión que nace posterior a una embarrada le aconsejó  el encierro y el silencio.

Lamentablemente no es la primera vez que alguien critica a un funcionario del ejecutivo por indebidas intromisiones contra servidores del aparato judicial. Por allá en el 2002, el prolijo y prolífico columnista Edgar Santos Romero publicaba “la beligerancia de los decretinos” en El Pilón de Valledupar y el Hoy Diario del Magdalena, como una forma de alzar su voz, contra aquellos servidores por decreto que con un micrófono condenaban ciudadanos y jueces de la Republica. Afortunadamente, algunos abogados de esta generación hemos decidido tomar el relevo desde nuestra propia trinchera, para señalar aquello que no sea acorde a la democracia.

Como colofón, hay que afirmar que una cosa es el ciudadano del común que en ejercicio de la libertad de expresión pueda criticar y quejarse del actuar de algunos jueces, y otra muy distinta e intolerable es que esa posición la asuman funcionarios del nivel ejecutivo, la cual les está vedada por sus investiduras.

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