Preocupan las vulneraciones de los compradores de vivienda que afectan patrimonial-mente a los consumidores y a los constructores, debido a las malas prácticas en el sector.

Las información de expertos informantes, encuestados y entrevistados confirman la situación, lo cual permite arribar las siguientes conclusiones:

  1. En los aspectos relacionados con el derecho a la información, los compradores pasan por alto o no consideran aspectos fundamentales que determine una buena decisión de compra, como por ejemplo, datos relacionados con  el proyecto inmobiliario y la constructora, como el permiso de ocupación y construcción.

Los datos sobre la información previa que tienen los adquirentes al momento de decidir determinan en gran medida los inconvenientes que se generan después, porque con esta falta de información, vienen los incumplimientos relacionados con la entrega,  la calidad de los acabados y la constante de las irregularidades en las zonas comunes.

Asesores jurídicos y expertos  manifiestan  que la mayoría de las reclamaciones ante las constructoras se relacionan con la constante postergación de las fechas de entrega de inmuebles y problemas estructurales y de acabados que resultan notorios cuando las personas empiezan a habitar sus viviendas.

 

Niveles de reclamación e insatisfacción

Los datos corroboran los niveles de reclamación y la insatisfacción de los procesos de compra: el 51% de las personas piensa que su experiencia fue pésima, mala o regular y el 42,9% ha presentado reclamaciones por los problemas repetitivos ya aludidos.

Con el dato final citado, se refleja otro problema, y es el proceso de reclamación.

Si bien las constructoras, al menos a las que aceptaron ser parte de este proceso de investigación, afirman  tener un área de jurídica que tramita los reclamos, pero desde la perspectiva de los usuarios es ineficaz, teniendo en cuenta que más del 50% no recibía respuesta alguna.

Algunas personas dicen que es un proceso desgastante hacer una reclamación a las constructoras, porque si no son ignorados en sus solicitudes, sus respuestas resultan insuficientes.

Igualmente, los asesores expresan que las constructoras no tienen una disposición clara de solucionar los inconvenientes, mostrando la irresponsabilidad de estas, que es consecuente con la posición de dominio frente al consumidor inmobiliario.

Nuevas actuaciones

El 72% de personas no surten nuevas actuaciones ante autoridades, dado en parte por el desconocimiento a quién tienen que acudir y cómo hacerlo.

Las personas, generalmente tienen que tener acceso a un abogado para poder atender estas situaciones y exponerse a procesos largos en la que como bien dicen los expertos, terminan siendo tramites con dificultades, demorados en su respuesta y que en ocasiones los jueces no toman las decisiones pertinentes y determinantes que representen una garantía efectiva para el consumidor inmobiliario.

Aunado a esto, también se ha hecho referencia a la poca capacidad institucional nacional y local para vigilar estos proyectos que toma parte de la responsabilidad en las problemáticas tratadas.

 

Recomendaciones

Es importante concluir sobre los principales hallazgos que tributen al mejoramiento de prácticas como fomentar la divulgación de los derechos de los consumidores y las rutas jurídicas de defensa y protección.

De igual forma, se recomienda aumentar los controles en torno a la publicidad engañosa y la información para los futuros adquirentes de vivienda y controles institucionales para las construcciones ilegales sin licenciamiento.

Otro punto importante es reforzar la protección contractual relacionada con tiempos de entrega, acabados, condiciones estructurales, adecuación y equipamiento de zonas comunes.

Por último reforzar la tutela judicial efectiva puesto que “los procesos no son conocidos por los consumidores y los disponibles no cumplen con la eficacia que se espera, son demorados y mantienen en vilo un aspecto importante como el derecho a la vivienda y y el esfuerzo patrimonial de las familias por los  dineros prestados a los bancos y los desembolsos de las cesantías de los adquirentes”.