Por Juan José Castillo Romero

Estudiante de derecho

Los derechos laborales de los empleados públicos, en especial de aquellos que hacen parte de la administración de justicia, deben ser reconocidos materialmente al igual que los derechos de aquellos empleados que laboran en instituciones privadas, sin embargo la justicia a diferencia de otras funciones estatales, es fundamental y la existencia misma del estado está relacionada con la función de refrenar la injusticia y de asegurar la justicia a sus administrados ¿no son las vacaciones colectivas una violación flagrante al derecho fundamental al acceso a la justicia y a una justicia eficaz?

En Colombia existe un funcionamiento deficiente de la administración de justicia, la costumbre legislativa perpetuada de creer que todo problema se soluciona con una ley hace parte de nuestra cotidianidad y en ese orden de ideas nuestra legislación plantea un paraíso utópico de funcionamiento perfecto de los juzgados sin embargo la realidad es distinta, la justicia se convirtió en un privilegio de las canas. Las condiciones judiciales provocadas por la presente pandemia del Covid-19 han hecho que naturalmente las condiciones laborales cambien pero que los problemas institucionales permanezcan ¿Cuál es la solución estatal?, vacaciones colectivas.

Las vacaciones colectivas le son reconocidas a la rama judicial mediante la ley 270 de 1996 y van en el año presente del 20 de diciembre de 2020 hasta el 11 de enero de 2021, periodo en que todos los juzgados a excepción de los juzgados penales con función de control de garantías se van a vacacionar. Dicho lapso de tiempo no se tiene en cuenta para efectos de la caducidad de acciones judiciales sin embargo es un derecho de los empleados que pone en aprietos a la ciudadanía y a los funcionarios que quedan activos (de por sí son pocos). En Colombia, que es un país en que las injusticias abundan no solo en temas relacionados con el área penal (que en teoría es el área que continúa con normalidad) sino en pleitos civiles, comerciales, laborales y por excelencia constitucionales nos encontramos con la amarga realidad de las vacaciones colectivas.

La acumulación del trabajo es una realidad en el funcionamiento de los juzgados en general, la negligencia del Consejo superior de la Judicatura en evaluar el crecimiento de la población y actualizar el número de juzgados es impresionante, se esconden cuando se trata de asumir y la burocracia sigue andando sin que la población pueda ver como una realidad fáctica el respeto por los términos judiciales, porque no se está hablando aquí sobre una reforma a los términos procesales, ¡hablamos del su cumplimiento! Y la población que tiene sed de justicia tiene que esperar a la ya tardía justicia, es indignante.

La acción de tutela que se convirtió en el medio expedito para la protección de derechos fundamentales es protegida en el discurso por todos nuestros dirigentes, pero ¿por qué no hay voces de indignación cuando se le hace esperar al/los accionante(s) que para conocer la sentencia de segunda instancia deba esperar hasta que vuelvan los juzgados competentes de sus vacaciones?

No es la crítica a un derecho laboral como las vacaciones lo que propongo sino a una idea de vacaciones colectivas de un sector que no debe dejar de funcionar colectivamente, la justicia es el pilar de cualquier nación y cuando se le descuida la injusticia se convierte en el pan diario, nos acostumbramos. Debemos exigir que la justicia se le de importancia, que los funcionarios judiciales vacacionen, pero de manera individual y que no se normalice el mal funcionamiento de la rama judicial a tal punto de darle incentivos a los discursos populistas que critican al sistema cuando no hacen parte de él y cuando hacen parte del mismo se olvidan de sus dichos.