Por Cristian José Torres Torres

Es claro que muchos desconocen el verdadero alcance del derecho penal como mecanismo del Estado para regular las actuaciones de sus administrados, por eso resulta extraño que actividades como la construcción también sea vigilada por esta rama, buscando como siempre la prevención como intención primaría, y de resultar ineficaz esta, sí entraría el juzgamiento y sanción en materia punitiva; pues es preciso indicar que el derecho penal tiene como principio ser la última opción o “Ultima ratio”, en razón que con él, se podría trastocar el derecho fundamental más importante después de la vida como es la libertad, por ello encontramos en muchos casos que primero se hace uso de otras alternativas judiciales como son procesos sancionatorios llevados a cabo por las diferentes entidades administrativas, y que producen órdenes y multas siempre significantes.

Sin embargo, vale indicar que por los acontecimientos en los últimos años en nuestro país en materia de construcción, donde se han desplomado edificaciones causando tragedias como pasó en el capital de Antioquía y en nuestra querida Cartagena, donde se levantaron construcciones pasando por alto toda la normatividad referente, ha hecho que el Estado haya hecho uso del derecho penal como mecanismo judicial para sancionar estas actividades y se hayan implementado leyes con sanciones severas para evitar que situaciones como las señaladas se repitan.

Aunado el Estado en aras de que a largo de la historia de Colombia, se venía presentado una ola de desarrollo urbanístico tanto en lo público como en lo privado, y como se dijo estas no cumplían con lo dispuesto en la normatividad administrativa para ejecutar actividades urbanísticas y de vivienda, decidió darle el carácter de delito a esta acción, y así pues podemos ver en la Ley 599 del  2000, es decir, el código penal colombiano en su artículo 318 el delito de Urbanización Ilegal, el cual se aplica mediante nueve verbos rectores, pues señala que quien adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos, tendrá una pena de 48 a 126 meses y un multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes; siendo este tipo penal la razón de esta columna de derecho penal, se debe señalar sus características y los alcances del mismo.

El delito de Urbanización ilegal es de los llamados tipo penales en blanco, en razón que es una ley por fuera de la norma penal, que por antonomasia es de carácter administrativo, la que define si el actuar está distanciado de lo legal, esto nos indica que no solo basta que se cumpla con lo expuesto en el Código Penal,  a manera de ejemplo podemos distinguir que si una obra o proyecto no tiene todos permisos o se construyó a donde no estaba autorizado por la ley administrativa, nos encontramos en curso de dicho punible, y por tanto debe ser investigado.

Otra característica de este tipo penal de urbanización ilegal es que no tiene distinción alguna de las personas que podrían resultar afectadas por su comisión, por ello se denomina dentro del grupo de pluri ofensivos, pues si bien resulta perjudicado el Estado con estos actuares, también podrían serlo las personas naturales y jurídicas a quienes les venden estos proyectos que eventualmente no se podrían desarrollar por no tener permisos para levantar una edificación en dicho lugar, o en el que se podía hacer pero faltaron cumplir ciertos requisitos de ley, por tanto la obra sería ilegal, y de esta manera no se permite continuar con la misma, y a la persona no se le entregue el bien como lo acordaron, causando un detrimento patrimonial a esta, concluyendo entonces que junto al Estado también sería víctima del punible, por ello es multi ofensivo; de igual forma resulta evidente, que cualquier persona ya sea natural o jurídica puede incurrir en cometer este ilícito; en el caso de personas jurídicas, penalmente se responsabiliza a sus representantes legales, pero las sanciones administrativas si son dirigidas a estas, tal como lo hemos visto en la columnas de derecho penal empresarial.

Viendo todo lo anterior, como primera medida para evitar estar envuelto en un proceso penal por la comisión del delito aquí mencionado, se debe tener una asesoría jurídica eficiente y permanente, que le haga indicar a quien quiera desarrollar un proyecto urbanístico, si se cumple con todos los requisitos de ley, o verbi gracia, si ya se encuentra adelantado, resarcir a las víctimas, y así impedir que estos denuncien y se ponga en operación el aparato judicial.