Luego de que la Procuraduría radicara una acción popular contra Centros Poblados, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó levantar su velo corporativo y embargar las cuentas de los miembros de la Unión Temporal, la cual tenía la tarea de llevar internet a zonas rurales en Colombia.

Con esta medida, se espera que las cuatro empresas que conforman la unión devuelvan los $70.000 millones que el Ministerio de Tecnologías y de la Información le desembolsó como anticipo para un acuerdo que, poco a poco, se ha convertido en un escándalo por presunta corrupción.

 

Objetivo de la decisión del tribunal

Con esta medida, se podrá conocer la identidad de los socios que conforman la Unión Temporal Centros Poblados.

A la fecha, se sabe que el contratista de internet rural es el resultado de la unión entre la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa; y Omega Buildings Constructora. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades deberá escarbar más información, para conocer si eventualmente los recursos públicos están inmersos en otras presuntas irregularidades.

De acuerdo con conceptos de la Universidad del Externado a la Corte Constitucional, cuando una sociedad incurre en “abuso del derecho”, una autoridad judicial puede levantar el velo corporativo con el objetivo de perseguir el patrimonio de los socios del organismo -en este caso una unión temporal- que fue utilizado como “instrumento de defraudación”. Por otro lado, el levantamiento del también llamado velo societario permite imponer las mismas sanciones jurídicas a los componentes de la unión.

Por otro lado, el Tribunal ordenó se decrete “el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, que tengan la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, los socios de los miembros y los miembros de la entrega”.

 

Fuente: El Espectador