Por Daniela Torres Angulo

El mundo está en constante evolución gracias a la globalización y a los múltiples avances tecnológicos que existen, dentro de ese desarrollo nos enfrentamos a la llamada “economía colaborativa” que parece ser el futuro del mercado laboral y de la que forman parte de manera casi intrínseca las plataformas digitales. Sin embargo, ¿A qué nos estamos enfrentando realmente? ¿Desarrollo o informalidad, desregulación e irresponsabilidad laboral? Para poder entenderlo debemos analizar el “modus operandi” de estas nuevas empresas.

La idea de la prestación de un servicio que se brinda a través de las plataformas digitales es casi perfecta; “personas con tiempo libre que puedan hacer un par de domicilios o prestar servicios de transporte con el propósito de generar ingresos extra.” Lamentablemente, la perfección se ve rápidamente empañada cuando en la realidad percibimos que la prioridad de estas empresas es generar utilidades aprovechándose de la falta de regulación legal existente para este nuevo modelo de prestación de servicios perjudicando a quien evidentemente es su trabajador.

Tomemos de ejemplo a Rappi, una de las plataformas digitales más exitosas del mundo. En múltiples entrevistas sus desarrolladores insisten en que sus domiciliarios son contratistas independientes, según el artículo 34 del código sustantivo del trabajo: “Son contratistas independientes y, por tanto, no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva”  Pero, para el caso en cuestión los trabajadores de Rappi  viven una realidad dolorosa, en Colombia el 81,6% de los rappitenderos trabaja tiempo completo, incluso algunos trabajan más de la jornada legal establecida y realizan una labor que es fundamental para que Rappi pueda sostenerse como empresa: los domicilios. En términos básicos vendrían siendo trabajadores de dicha plataforma, desde mi punto de vista no es justo hacerlos pasar por contratistas independientes maquillando el que sería un nuevo modelo de contrato de trabajo como si fuera uno de naturaleza civil y negarles todos los derechos a que habría lugar.

Otro punto importante que quisiera tocar es la falta de responsabilidad social y laboral generada por el éxito de estas plataformas, ya que, al momento de vincularse con restaurantes, tiendas, supermercados, entre otros, se deja abierta la posibilidad de realizar todos los servicios de reparto a través de sus llamados “contratistas independientes”, es decir, se estaría reduciendo la posibilidad de generar empleos formales desde los mismos establecimientos.

La informalidad laboral es un problema grave en la economía de nuestro país y las plataformas digitales solo lo empeoran; el 91% de los trabajadores digitales del país no aporta a pensión, el 54% no aporta a salud y el 92% no está afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales pero el 63% ha sufrido accidentes realizando las actividades encomendadas y el 67% contraído alguna enfermedad en los últimos dos años. (2019, Periódico Nota Et Vera, Universidad del Rosario – Observatorio de derecho laboral)

Debemos tener en cuenta que los retos existentes no se limitan solo a la parte individual del derecho laboral ni al régimen de la seguridad social y pensiones. En materia colectiva, se ha creado en Colombia el primer sindicato de trabajadores de plataformas, denominado UNIDAPP, que contó con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales y la Central Unitaria de Trabajadores; será un sindicato que funcionará como aplicación móvil a la que podrán acceder previa afiliación en su página web. Se expone que la idea es que el Ministerio del Trabajo pueda imponer algún tipo de control y de ser posible sanciones a los dueños de estas plataformas. Pero, jurídicamente ¿Qué tan viable es esto? Si tenemos en cuenta que, según el código sustantivo del trabajo, para constituir un sindicato es fundamental, entre otras cosas, que se cuenten con mínimo veinticinco (25) trabajadores de cuerpo presente y que estos firmen el acta de fundación que posteriormente será inscrita en el ministerio del trabajo. ¿Cómo se garantizaría entonces que un sindicato de la naturaleza que proponen los trabajadores de plataformas alcance a tener por lo menos personería jurídica? No podemos desconocer la realidad, en nuestro país siempre han existido obstáculos que han impedido que se cumplan plenamente los convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos, el Convenio 0087 de 1948: “Sobre la libertad sindical y la protección a la sindicalización”.

Para concientizarnos sobre este tema, podríamos preguntarnos ¿Quién controla los servicios y el tiempo de los trabajadores? ¿Quién conoce la cantidad y calidad de los pedidos? ¿El trabajador lleva una imagen propia o representa a la plataforma? ¿Quién realiza los convenios con los establecimientos adheridos a la plataforma y quién los conoce?, al intentar responder, nos daremos cuenta que el trabajador no es dueño de nada, no controla nada, no se le proporciona nada y no cuenta con una estructura laboral que lo respalde.

En conclusión, el aumento de estos modelos de prestación de servicios no representa un avance y crecimiento económico, por el contrario, muestra a todas luces el fracaso de las políticas laborales cuando de dignificar el trabajo se trata.  En Colombia es necesario que desde el legislativo se contemple la posibilidad de un régimen especial para estos casos, donde no se desconozcan las garantías, derechos y prerrogativas y se pueda tener por fin una base jurídica.  ¿Será muy utópico pensar en la posibilidad de encaminar nuestras relaciones laborales en función de los derechos y corregir la tercerización y las flexibilidades?