Por Lilia Archbold Torres

Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia, a la que van destripando hasta despojarla de contenido (Levitsky & Ziblatt, 2018).

En medio de la situación que está atravesando el país, cientos de heridos en las protestas, un llamado a un estado de conmoción interna por muchos políticos, represión, detenidos no oficiales, el uso excesivo de la fuerza, la acumulación de poder de forma gradual por parte de la rama ejecutiva, la censura, muertes y abusos sexuales, entre otros puntos más, resumibles a mi parecer, en una clara violación de los derechos humanos. Un cuadro nada alentador para uno de los países con mayor crecimiento en América latina.

Un panorama que ni siquiera se vio en los años 70 cuando las democracias del sur del continente tambaleaban, para muchos, Colombia ha sido de las excepciones en la región al no pasar por una dictadura; objetable por varios académicos, pero esto es tema de otra discusión.

La idea de una democracia estable y una economía creciente, han sido los argumentos más fuertes por partes de algunos sectores de la política nacional, recurriendo al uso de la emocionalidad para controlar a la población. La venta de la izquierda colombiana como la causante de muchos de los males del país ha servido para legitimar la idea que, si un sector contrario al partido de gobierno llega a la presidencia, un futuro cercano a la situación de nuestro país vecino; Venezuela, sería una realidad ineludible, frases como “Si Petro llega a la presidencia nos vamos a volver como Venezuela”, entre otros usos maquiavélicos del lenguaje, han servido para manipular a la población en las urnas.

Pero… tanto que decían que nos convertiríamos en Venezuela, hasta que se le hizo realidad. Si bien, las condiciones actuales no son equiparables con los problemas estructurales que afronta dicho país, nos lleva a preguntarnos qué tan eficaz es la democracia en la actualidad en nuestro país, ¿Acaso, no hay unos focos que alarman un retroceso de las instituciones democráticas?, en sí, desde esta perspectiva, también estamos retrocediendo en términos democráticos, al igual que Venezuela.

Para algunos, en Colombia todavía tenemos una democracia fuerte, pero en realidad, se evidencia una democracia debilitada, teniendo en cuenta que el gobierno en vez de dialogar con la población que se manifiesta en las calles, ha intentado acallarla a punta de represión con el excesivo uso de la fuerza pública, por parte de agente del SMAD y policía nacional. Disparos intencionales a manifestantes, violencia sexual, capturas extra judiciales, militarización de las calles y armas de guerra contra los manifestantes, son una de las mayores críticas que le hace la comunidad internacional al gobierno de Iván duque. Acallando al que no se hinque a fuerza de bolillo y puño, tratando a la nación con mano firme y corazón grande.

La ONG Temblores, que está siguiendo de cerca los abusos policiales cometidos desde el 28 de abril en las protestas de todo el país, denunció 39 homicidios y 2.110 hechos de violencia, 16 casos de violencia sexual y de género. Para dimensionar más, consideren los abusos no denunciados en el marco de la situación actual.

Con una apariencia de democracia, y con un discurso de la búsqueda de mejorar las condiciones de esta, la presidencia paulatinamente ha ido aplastando la democracia en Colombia, siguiendo con el legado de su padrino político, Álvaro Uribe Vélez, es un proceso que se viene gestando hace años, en especial, si nos remitimos al plan de seguridad democrática, que cuando poco, está relacionado con aproximadamente 6402 casos de falsos positivos.

Las acusaciones de abusos por parte del gobierno hacia civiles, no se quedan en simples alaridos, sino que llegaron a instancias internacionales, en denuncias a CPI y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno, además de señalar al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, como “máximos responsables”.

En esta medida, se evidencia el decremento paulatino de la democracia en Colombia, una democracia que se encuentra en mal estado debido a las acciones indiscriminadas por parte del Gobierno nacional y la falta de garantías para la satisfacción de los derechos humanos por parte de la población. Cuando en vez de ser el estado el ente que brinde la seguridad, está mostrando tendencias al autoritarismo, en la utilización de las leyes para ir en detrimento a la misma democracia, por lo tanto, hasta que no nos demos cuenta de las claras señales hacia el autoritarismo nos impedirá tomar las medidas necesarias para los cambios estructurales en favor de instituciones inclusivas y de construcción de un país más justo.