Por José David Vargas Tuñón

La realidad colombiana es tan perceptible, incandescente e inmarcesible, que es imposible hacerse el de la vista gorda con los temas que aquejan a este trajinado país. Sabemos de lo menesterosos que somos, las circunstancias a nivel de necesidades insatisfechas son intransigentes y no hacen distingo de edades ni de clases sociales.

Muchos creemos que la política debe ser un área en la que se escuche al pueblo por ser, en palabras del preámbulo constitucional, el constituyente primario. En palabras castas, debe arreglar lo desarreglado y atender lo desatendido.

Sin embargo, la actualidad legislativa nos demuestra lo contrario, sabemos que a pesar de las penurias que pasa nuestro pueblo, los congresistas prefieren hacer la vista gorda y hacer leyes que no tienen sustento factico, ni tampoco resuelven las necesidades de hambre del pueblo.

Se ha de entender que la función legislativa no es fácil y a veces no es agradecida, pero hay que tratar de no hacer el ridículo. Hay esperpentos que el gobierno ha tratado de ocultarlo y dejarlo en una esquina del buró, esperando a que la herrumbre o el lascivo paso del tiempo arrase con ellos a su paso.

Uno de esos esperpentos es la ley 2096 del 2 de julio de 2021, la cual tiene por objeto promover el uso del tapabocas inclusivo. Ha de decirse que, en palabras de la misma disposición normativa, este objeto se define como:

“Entiéndase por tapaboca inclusivo toda mascarilla de protección que cubre parcialmente el rostro (nariz y boca) y que cuenta con un visor transparente que permite la interacción con personas con discapacidad auditiva que requieren de la lectura de labios para comunicarse.”

Esto puede sonar a que la norma promueve ayudar a las personas con discapacidad auditiva, pero no se han puesto a pensar que, si a duras penas hacen espacios escasamente inclusivos, ¿Cómo van a implementar semejante política pública que pretende modificar en 360 grados la atención al público en cualquier entidad? He sido un fiel defensor de los derechos para las personas en situación de discapacidad. Pero esto no hay por dónde cogerlo, lo siento, pero me parece inconcebible pensar en la ejecución de esta ley, además de la cantidad de gastos que acarrea poner en práctica los tapabocas inclusivos.

Creo que, en vez de colocar tapabocas inclusivos en las entidades, deberían más bien dar catedra de moral y buenas costumbres a los empleados, para ver si algún día comienzan a interiorizar el trato preferencial y prevalente que deben tener las personas en situación de discapacidad, amén de predicarles respeto y dignidad. El problema se debe atacar en sede de los tratos discriminatorios que se presentan contra las personas en situación de discapacidad, y adoptar medidas que realmente ayuden a paliar esta situación abogando por la sensibilidad de las personas a la hora de atender al público.

Ha quedado claro a lo largo de la historia actual colombiana que al congreso le falta untarse más de pueblo para que no saquen leyes meramente para llenar las gacetas del legislativo, si no para que resuelvan temas álgidos de la vida nacional o de las personas que realmente lo necesitan. A las entidades no hay que ponerles tapabocas inclusivos, hay que ponerles un freno a las que no sean inclusivas con las personas en situación de discapacidad.

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