Por Carolina Colpas Fernández

Guillermo Enrique Torres Cueter llegó a la Alcaldía de Turbaco con un respaldo inédito. Más de 20 mil votos en un pueblo que apenas supera los 100 mil habitantes bastaron para declarar victorioso hace ya más de un año, a quien alguna vez militó en la insurgencia.

Apenas acababa de posesionarse como alcalde electo de los turbaqueros cuando la posibilidad de un incidente de desacato, amenazó con sacudir su recién posesionada administración. Según señaló el alcalde Torres Cueter en un comunicado emitido a la opinión pública, la anterior administración, como dicta en una orden de Sentencia Judicial por una acción popular que obligaba a pavimentar los barrios Villa Sol y Villa Andrea, al no cumplir con lo que establecía la acción de tutela y asignar recursos únicamente por cuatrocientos millones de pesos, cuando el total de la obra ascendía más de tres mil millones, nos obligó a cumplir este proceso pese a no contar con los recursos, no solo porque es decisión de esta administración atender a nuestras comunidades, sino porque también estábamos frente un incidente de desacato.

Aquello, sin contar una lista amplia de casos que han sido objeto de denuncia frente a los entes de control por presuntos hechos de corrupción, sirvió de bienvenida para el singular alcalde bolivarense. Seguramente, ni en sus más insidiosos sueños, se había imaginado que tras haber ganado las elecciones del icónico pueblo que se erige a escasos minutos de la Cartagena turística, se enfrentaría instantáneamente de cara con el monstruo de la burocracia.

No obstante, ni la inexperiencia en el campo de lo público, ni los ataques a través de perfiles falsos promovidos por quienes, dicen, habían quedado huérfanos del poder, las denuncias sin asidero jurídico dirigidas a la administración desde el concejo municipal o las afirmaciones malintencionadas publicadas por medios de comunicación digital, que por cierto, ya parecen ser recurrentes cual leitmotiv de una película de bajo presupuesto, han servido para desestabilizar la administración del pueblo turbaquero.

Hace un par de días, la prensa regional despertó conmocionada. Nuevamente, tal y como al inicio de su posesión, una Juez había ordenado tres días de arresto y una multa superior a cuatro millones de pesos contra el alcalde de Turbaco frente al presunto desacato de una tutela.

La otra parte de la historia que a lo mejor pocos conocen, es que ya el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco, hacia el mes de diciembre había emitido un fallo sobre el incidente de desacato en vigencia contra la administración del municipio bolivarense, que ordenaba al burgomaestre a responder por la sanción.

Frente a este escenario adverso, la administración de Torres Cueter decidió interponer una acción de Tutela frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala de Decisión Civil-Familia en contra del Juzgado relacionado en este artículo. Una vez desarrollados los eventos necesarios para efectuar el debido proceso, el Tribunal Superior falló a favor del citado alcalde, dejando así sin efectos las sanciones dictadas previamente, por lo cual se ordenó expedir una nueva decisión.

Lo curioso del caso, es que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco, desconociendo la sentencia de tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala de Decisión Civil-Familia, emitió una vez más la misma orden frente al presunto incidente de desacato.

Según ha dicho la administración de Torres Cueter a través de un comunicado de prensa que hemos podido conocer, “desde la oficina jurídica del municipio se está preparando incidente de desacato en contra del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco, para que sea el Tribunal quien establezca si la providencia del 5 de abril de 2021 cumple con lo ordenado y se sigan adelante las respectivas acciones”.

Hoy, a escasos días de este suceso en la arena política turbaquera, los ojos de la opinión pública se posaron nuevamente sobre la alcaldía de Turbaco. Esta vez la atención estuvo dirigida sobre una presunta irregularidad. Según ha puesto en conocimiento a diversos medios de comunicación de la región, Jair Caro Miranda, presidente de la veeduría Corporación Lucha Contra la Corrupción Administrativa y el Control a la Función Pública (Corpolucha), en la administración precedida por Torres Cueter, habría tenido lugar un presunto nombramiento irregular.

En lo señalado por Caro Miranda, queda manifiesto que la actual secretaria General de la Alcaldía, Dirleys Villadiego, “no cuenta con la suficiente experiencia exigida para la ostentación de este cargo. Por lo que su contratación, es prueba evidente de la irregularidad”.

Sin embargo, la alcaldía municipal de Turbaco ha señalado que ”para acceder al nombramiento del cargo, desde la Oficina de Jefatura de Personal del municipio, se hizo el respectivo análisis de la documentación requerida, la cual goza de autenticidad, sin alteración alguna, y se pudo concluir que sí cumplía con los requerimientos del cargo: experiencia relacionada por más de un año y exigencias de estudios, para lo cual aportó el título de Ingeniera Industrial obtenido en septiembre de 2019”.

Además, han dicho a la opinión pública que “el manual de funciones exige experiencia relacionada más no experiencia profesional, y la experiencia relacionada quedó ampliamente comprobada con los certificados laborales aportados”.

Este nuevo incidente se suma a la larga lista de situaciones enrarecidas, que ya algunos habitantes del municipio se atreven a señalar como sabotajes contra la administración del alcalde nacido del reciente proceso de paz.

Ante la ola de eventos recurrentes que relacionan a la administración del municipio turbaquero, habría que preguntarse a profundidad sobre la siguiente cuestión: ¿detrás de estas reiteradas situaciones hay huérfanos del poder, o todo es fruto de la coincidencia y el riguroso control político?