Por Carlos Periñan
Desde 1991, fecha en la que se promulgó nuestra actual Constitución Política, el proyecto de ley que busca cadena perpetua para los violadores de niños se ha tramitado alrededor de 19 veces. Para nadie es un secreto que las emociones y las pasiones dan rédito en las urnas. Nuestros políticos lo saben perfectamente, razón por la que constantemente buscan tramitar este tipo de proyectos para promover pasiones entre sus votantes.
Nuestros congresistas tienen pleno conocimiento de que estos proyectos, además de ser inconstitucionales, violan los tratados internacionales que ha ratificado Colombia en este sentido. Lo que hay que tener claro es la estrategia detrás de estas actuaciones políticas: debilitar el poder Jurisdiccional de nuestro Estado, más específicamente a la Corte Constitucional. Les conviene enviar un mensaje de unas Altas Cortes politizadas que no “defiendan” los intereses de los ciudadanos y mucho menos de nuestros niños, para en un futuro contar con unas mayorías que les permitan su eliminación. Se aprovechan del desconocimiento de las personas en el ámbito Constitucional, Penal y Penitenciario, para sus intereses mezquinos.
Aunque suene cliché, la prisión perpetua no es más que populismo punitivo duro y puro. El órgano legislativo no debe desgastar sus esfuerzos en ese tipo de discusiones propias del siglo XV y épocas de la inquisición: ¿Qué vendrá después? ¿Pabellones de fusilamiento? ¿Guillotinas en sitios públicos? Los esfuerzos deben direccionarse hacia un verdadero fortalecimiento de las instituciones, que les permita investigar de manera adecuada la conducta típica y no permita que la impunidad alcance casi 95%. Entregarle herramientas idóneas y los recursos necesarios a la justicia que permita una verdadera aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Se debe trabajar arduamente en la prevención de los delitos y evitar que los ciudadanos sigan incurriendo en este tipo de conductas.
Hoy no se cuenta con una política pública clara y eficaz en materia de resocialización de los condenados y mucho menos en la prevención de los delitos. Tampoco con una política criminal a la altura de nuestros tiempos, entendiendo por esta: la disciplina que busca trazar una ruta para identificar cuáles son las causas del delito y las formas de prevenirlo.
Por otra parte, esto tampoco es una buena opción económicamente hablando. Según el INPEC, una persona privada de la libertad anualmente le cuesta $18.000.000 al Estado, con ese dinero se puede brindar educación a 10 niños en educación básica primaria y ocho en educación secundaria.
Está demostrado que, y Cessare Beccaria lo explica en su libro ¨De Los Delitos Y Las Penas¨, el delincuente se abstiene de cometer una conducta delictual cuando sabe que efectivamente se le aplicará una sanción. Situación que no sucede en Colombia, donde la impunidad reina en todos los procesos penales. Según una investigación de la Universidad de las Américas Puebla en el año 2019, Colombia ocupa el quinto lugar en materia de impunidad. Teniendo en cuento lo dicho, lo que incentiva al delincuente en el caso colombiano, es que sabe que muy posiblemente no se le aplicara ninguna sanción, y es ahí donde se deben redoblar los esfuerzos.
Por ultimo, no hay que dejar que la indignación de este flagelo nos haga idiotas útiles de aquel se aprovecha de nuestras emociones para ponerlas a sus intereses mezquinos. Debemos exigirles a los legisladores políticas eficientes para una verdadera resocialización y prevención del delito.