La Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría General de la Nación han estado trabajando de la mano en todo el territorio nacional, en el marco de la protección de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
En la mañana del viernes 24 de abril los organismos de control anunciaron un preocupante reporte de trabajos investigativos sobre hallazgos de casos de corrupción, en la celebración de contratos de alcaldías y gobernaciones del país, que se han llevado en medio de la emergencia por el COVID-19, además los organismo anunciaron cómo han avanzado en todos los campos disciplinarios, fiscal y penal.
El Procurador General Fernando Carrillo manifestó que este es uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la corrupción en Colombia, “se demuestra que la corrupción si tiene capacidad de matar, cuando afecta el mínimo vital de los colombianos, la alimentación y la salud y cuando se juega con los precios de los insumos de la canasta familiar o en su defecto no llegan las ayudas humanitarias como lamentablemente está sucediendo”.
Irregularidades en Contratación
Los tres entes de control han tenido 16 reuniones en las mesas técnicas, evaluando las consecuencias de los actos de ordenadores del gasto de acaldes y gobernadores que están jugando con los recursos públicos, en el que se identificaron un total de 53 procesos contractuales que suman cerca de 136 mil millones de pesos por irregularidades en contratos en medio de la pandemia.
Las causas fundamentales han sido irregularidades en contratación en el que se presentaron 40 casos y 28 casos en los sobre costos en la adquisición de mercados, además anunciaron 6 casos en la adquisición de elementos de protección, el cual es vital para la seguridad y protección del personal sanitario, 9 casos de transgresión de aislamiento obligatorio, 3 casos de vulneración de derechos de la población penitenciaria , 2 casos de extralimitación de funciones y otros 34 casos en cuestiones de irregularidades.
Suspensión
El gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, es suspendido del cargo por 3 meses y además los entes de control han solicitado la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos, además se investigan faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
El alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, es investigado por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
El alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, están siendo investigados y han sido suspendidos del cargo por 3 meses, por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
La alianza de los tres organismos de control ha sido inédita, por lo que representa la verdadera avalancha de corrupción que se presenta en el país en las últimas semanas por cuenta de la mala utilización de los recursos en términos de combatir y mitigar el virus que afecta al país.
