Los pescadores solicitan que se tengan en cuenta las afectaciones a la pesca local y piden compensaciones sociales y económicas permanentes para el gremio

Existe en el gremio inconformidad por el trámite que adelanta la Compañía de Puertos Asociados, Compas S.A. (antiguo Muelles El Bosque), para el otorgamiento de una licencia ambiental que le permita la ampliación de su área de operaciones.

Walter Batista Ospino, presidente de la Asociación de Pescadores del barrio El Zapatero (Asopez) y Asesor Jurídico de la Asociación de Pescadores de La Cuchilla (Asopecuch), dijo que esta solicitud hace trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y hasta el momento desconoce el daño que le puede hacer al gremio pesquero.

“Hoy nos vemos en la obligación de pedirle al gobierno que se abstenga de expedir dicho licenciamiento ambiental a Compas hasta que se conozca con exactitud la afectación que se causaría a la pesca, además de que quede claro un plan de compensaciones de carácter social y económico para nuestro gremio y la comunidad”, señaló.

El dirigente dijo que no existe evidencia de que se quiera compensar el daño que desde ya se está causando y que se puede acrecentar si se aprueba tal licencia ambiental.

Trascendió que la licencia solicitada tiene que ver con el relleno de más de cuatro hectáreas de la bahía, la tala de un área de manglar y la ampliación de la instalación portuaria concesionada.

Estas intervenciones generarían deterioro del recurso marino justamente en la zona tradicional de pesca, reducción del área de faena y serios problemas de circulación para las embarcaciones de los pescadores, toda vez que se contempla la reducción de la zona de acceso al Canal de El Zapatero.

Para los pescadores del sector, cada vez que se hace este tipo de intervenciones se limita el recurso pesquero y se atenta contra el sustento y la alimentación de muchas familias en Cartagena que dependen de la pesca.

Son cerca de 150 familias las que dependen de la pesca en los sectores de El Zapatero, La Cuchilla y el Barrio Chino, aledaños a la zona portuaria, y en toda la bahía se calculan unos 2.000 hogares que derivan su sustento de esta actividad.

Batista recordó que se han realizado reuniones en las cuales el gremio de pescadores manifiesta sus preocupaciones e inquietudes, pero denunció que en esos escenarios no se genera resultado alguno, sobre todo porque no se asume como tema relevante la compensación al gremio pesquero por las afectaciones que se causarían.

“Lo que proponen es capacitación específica sobre el proyecto de ampliación y socialización sobre temas de seguridad, lo cual puede resultar necesario en algunos momentos, pero no es lo fundamental del asunto”, anotó.

Para el dirigente, lo esencial es que se reconozca la actividad de los pescadores como algo tradicional y cultural que ha permitido la subsistencia de una comunidad entera desde hace varias generaciones y no se hagan apreciaciones ligeras e interesadas como que allí no se puede pescar.

“En el fondo, lo que se percibe es una estrategia sistemática y perversa para desplazarnos, para sacarnos de operación y eso no lo vamos a permitir. No vamos a renunciar a nuestras prácticas culturales ni a lo que nos ha permitido vivir como una comunidad”, sostuvo.

Batista destacó el liderazgo y acompañamiento en este proceso de otros dirigentes pesqueros como Wilman Herrera Imitola, representante de la comunidad de Caño del Oro y asesor jurídico de varias asociaciones, Nelson Chiquillo y Enrique Gómez-Cásseres, presidente y vicepresidente de Asopecuch; Pedro José Cabarcas y Alfredo Sarabia, vicepresidente y secretario de Asopez, respectivamente.

La comunidad de pescadores despertó y espera que se aborde con seriedad el asunto, para trabajar con las autoridades y el sector empresarial portuario, a fin de asumir compromisos y obligaciones de cada parte para que el desarrollo sea sostenible para todos los actores.

La compensación

Un punto de partida que proponen los pescadores para aceptar el otorgamiento de la licencia ambiental, es que en la misma se determine la destinación de unos recursos, durante el tiempo que dure la concesión, para invertir en el fortalecimiento de la actividad pesquera y de las asociaciones de pescadores.

“Que se sienten con nosotros y se determine cómo queda plasmado el uso de recursos para el fortalecimiento de la actividad pesquera”, insistió.

Para los pescadores, esta es una petición básica y en contexto. En proyectos de desarrollo portuario similares en otros países que cuentan con normativa similar a la colombiana, como Chile, Ecuador y Perú, los pescadores se han convertido en empresarios con el respaldo de quienes han emprendido proyectos de expansión de la infraestructura portuaria.

El deseo de los pescadores es que se garantice la permanencia de su actividad y que el desarrollo portuario sea ambientalmente sostenible de manera que la pesca perdure y pueda progresar de la mano de pescadores, empresarios, industriales y el mismo estado.

“No tenemos intereses mezquinos ni negativos ni contrarios al desarrollo portuario. No queremos que el desarrollo pase por nuestras narices y no lo disfrutemos. Queremos crecer como también crecen nuestros vecinos”, sentenció Batista.