A partir del año 2016 hasta diciembre de 2020, se reportaron 421 casos de asesinatos a defensores de derechos humanos en Colombia, esta es la cifra más alta en la región.
La ONG internacional Human Rights Watch (HRW), presentó un informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, este presenta un sin número de vulneraciones a líderes sociales y a las comunidades que estos defienden., además reclama que el gobierno de Iván Duque no ha realizado mayor trabajo para ponerle fin a este ciclo violento que atraviesa Colombia.
Los números lastiman a la gente. De los 421 asesinatos (considerando que la pandemia ha retrasado la verificación de los casos de 2020), 130 eran líderes comunales, 67 eran líderes comunitarios, 69 eran líderes indígenas y 33 eran líderes campesinos, 18 personas eran líderes afrocolombianos, otros 12 casos eran sindicalistas y 10 defensores de víctimas, etc. El impacto en las comunidades indígenas es “extraordinariamente grande”, con entre el 10% y el 15% de las víctimas mujeres. Los delitos ocurren principalmente en zonas con grupos armados (98%), economías ilegales (97%) (como el narcotráfico) o municipios con niveles de pobreza superiores al promedio nacional (100%).
Más de la mitad de estos crímenes ocurrieron en zonas donde supuestamente el Gobierno adelantaría Programas de Desarrollo con Enfoque Territorios, los cuales se deben a los acuerdos de paz para zonas afectadas por el conflicto, pobreza y ausencia del estado. De los 21 departamentos que tiene Colombia en 28 de estos han ocurrido asesinatos de líderes sociales.
HRW realizó entrevistas a 130 personas de estos departamentos, entre ellos jueces, fiscales, trabajadores humanitarios y miembros de la fuerza pública. El resultado de estas es ““las autoridades no ejercen control efectivo sobre varias zonas anteriormente controladas por las Farc, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El Gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, así como a servicios públicos. Las investigaciones de HRW indican que estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del Gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos” expresa en su informe la ONG.
“El apoyo de defensores de derechos humanos a algunas iniciativas establecidas en el Acuerdo de Paz también los ha puesto en riesgo. Defensores de derechos humanos han sido asesinados porque apoyaron proyectos para sustituir los cultivos ilícitos con cultivos de alimentos o porque participaron en tales proyectos. La implementación de los planes gubernamentales que buscan darle asistencia económica y técnica a los campesinos para la sustitución de cultivos a menudo ha sido lenta, y estos planes enfrentan una férrea oposición por parte de los grupos armados, que emplean violencia y amenazas para obligar a las comunidades a seguir cultivando coca”, dice el informe.
HRW realiza un llamado al estado, señalando que es hora de que trabaje en las causas del problema, haciendo lo posible para frenar grupos armados y a la delincuencia organizada que azota los departamentos más golpeados por la violencia. “Es fundamental que el Gobierno adopte medidas significativas para terminar con este ciclo de violencia que lleva décadas, incluso considerando enfoques alternativos a la política de drogas que reduzcan la rentabilidad del narcotráfico”, señaló el organismo internacional que expuso falencias más específicas en esta tarea.
En su informe HRW también expone la ineficiencia en los procesos penales, pocos jueces y fiscales para la cantidad de casos que se presentan en las zonas más afectadas por los asesinatos. Además, el gobierno nacional no ha puesto en marcha el “cuerpo especial” de jueces que fue anunciado por el presidente Duque en mayo de 2019.
Este informe apunta que en la mayoría de casos no se logra esclarecer los responsables de estos asesinatos, aunque mayormente la Fiscalia considera que los grupos armados son los responsables de estos. “257 crímenes, la Fiscalía considera que los grupos armados fueron responsables de la mayoría de los casos (174). Se trata de las disidencias de las Farc en 62 casos, grupos de delincuencia común organizada en 35, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo en 24, el Eln en 23, el Epl en 12, los Caparros en 6, otros grupos delictivos organizados como responsables de 11 casos más y uno atribuido al grupo Contadores (que son también disidencias de las Farc), en Nariño”
En norte del Cauca, el Catatumbo, el Pacífico sur, el Bajo Cauca, el Bajo y Alto Caguán y el piedemonte de Arauca son las zonas donde se registran mayores cifras de crímenes, se suman más del 30% de todos los casos a nivel nacional.
“Los grupos armados siguen controlando zonas en su mayoría rurales y cometen abusos atroces”, dice el informe. La mayoría de víctimas fueron líderes indígenas y líderes campesinos que apoyan la eliminación de cultivos ilícitos, también líderes afrocolombianos que luchan contra la mineria ilegal.
“Por los retenes de la Policía y los puestos de control del Ejército pasan las retroexcavadoras y los insumos para la minería ilegal, y a pesar de las denuncias no se realizan los operativos de control”, señaló un líder afrocolombiano a HRW.
Las víctimas eran civiles ajenos al conflicto, o personas vinculadas a grupos ilegales, esto se descubrió sin confirmar, y se descubrió que el asesinato fue utilizado como método coercitivo para ejercer el control. La región del Pacífico Sur revisada por Human Rights Watch se refiere a Tumarco, Francisco Pizarro y Nariño. Aquí convergen cuatro disidentes de Falk: Oliver Sinistra, Unión del Pacífico La guerrilla, y el bloque occidental más cercano Alfonso Cano y Distrito 301, así como el grupo denominado Contadores. Todos operan en un departamento de una de las regiones cocaleras más grandes de Colombia.
