Por Jesús David Lara Pérez
Economista y Contador Público.
El proyecto uribista representado por el gobierno del presidente Iván Duque siempre ha retado a la ciudadanía, incluso desde antes de ser elegidos. Durante la etapa electoral supieron aprovechar el costo político que había dejado el apoyo al proceso de paz, el cual se evidenció en las votaciones del plebiscito. Sin duda una jugada mal hecha del entonces presidente Juan Manuel Santos, con la que el Centro Democrático logró consolidar su estrategia política. Tan fuerte fue ésta, que solo bastó con postular a alguien totalmente desconocido y sin mérito alguno, y por supuesto, hacérsele ver al electorado que el “castrochavismo” estaba asediando al país, y que, muestra de ello era ver próximamente a exguerrilleros de las FARC en el congreso. Se vendían como la única alternativa capaz de salvar al país del fracaso comunista que vivían los venezolanos.
Hoy después de casi tres años de gobierno, la balanza entre aciertos y desaciertos está totalmente desequilibrada. Una de las premisas que saltan a la vista, es que la pandemia ha recrudecido aún más la situación del país. Por supuesto, esto es muy cierto, y se evidencian los efectos a nivel mundial. No obstante, para el caso de Colombia la respuesta es relativa.
Si se evalúa la gestión de la pandemia por parte del gobierno, bajo ningún escenario ha sido eficiente. En primer lugar, porque a finales de este mes el saldo de muertes ascendió a más de 87 mil y el número de contagios sobrepasó los 3,3 millones; en segundo lugar, la adquisición de las vacunas tardó casi dos meses, en comparación a los países de la región que obtuvieron sus vacunas a finales de diciembre del año pasado; y, en tercer lugar, no se está cumpliendo con el plan de vacunación, por lo que las proyecciones de vacunación entre 15 y 20 millones de personas no será cumplida a finales del presente año. En resumidas cuentas, el gobierno ha sido el causante de una tragedia humanitaria por la negligencia en el manejo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En materia económica, la desfinanciación del Estado es evidente, se ha invertido más dinero en programas sociales, pero también en caprichos burocráticos, y en fondos para financiar empresas, no necesariamente – como debió ser – a la pequeña y mediana empresa, sino más bien, a los grandes empresarios, muchos financiadores del programa uribista, dando pie al aumento del desempleo. Nuevamente, la culpa es del gobierno de turno, y no está condicionada del todo por la crisis económica producida por la pandemia, sino por las decisiones anteriormente tomadas por los legisladores en conjunto con el ejecutivo en términos tributarios. En su momento, la reforma tributaria de 2019 o ley de crecimiento económico, otorgaba ciertos beneficios a las empresas a través de exenciones, con el pretexto, de que esto contribuía al incremento de los empleos en el país.
Los efectos previsibles de esta política hoy son más que evidentes, un Estado que dejó de recibir cerca de 9 billones de pesos anuales por las exenciones otorgadas. No solo dejando un hueco fiscal, sino también una presión por parte de las calificadoras de riesgo. Lo que le daba al gobierno argumentos de peso para radicar otra reforma tributaria.
Ante la indudable necesidad de una reforma tributaria, el gobierno en cabeza del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, radicaron la mal llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, una vez más utilizando su lógica eufemística para engañar al pueblo. En su contenido era más que evidente la regresividad y la carga impositiva que debía pagar la emergente clase media del país, sirviéndole al gobierno como una especie de fiador.
Esto fue la copa que rebaso la indignación del pueblo, los miembros del Comité del Paro convocaron a protestas el 28 de abril, la que días después, llevaría al gobierno, casi que, a regañadientes, a retirar la reforma.
Si bien es cierto que el apoyo masivo de los jóvenes convirtió las manifestaciones en un medio para presionar al gobierno y mostrarle a la comunidad internacional lo que pasa realmente en el país, el costo ha sido enorme. A un mes del paro hemos presenciado muchas violaciones de derechos humanos por parte de fuerza pública.
Ante el crecimiento de la injusticia propiciada y patrocinada por el gobierno, muchos líderes y lideresas han hecho un llamado al diálogo que permita llegar acuerdos que representen el interés colectivo de los ciudadanos. El gobierno ha sido poco receptivo, en muchas ciudades se han perpetrado abusos policiales, incluso civiles armados disparando a los manifestantes. Hasta la fecha nadie asume la responsabilidad, no ha sido despedido ni un general, ni un coronel, y muchos menos se dignará hacerlo el Ministro de Defensa.
Precisamente, hace un par de días sectores alternativos de la política como el Polo Democrático, la Alianza Verde y la lista de decentes, impulsaron una moción de censura en contra de Diego Molano, actual Ministro de Defensa. Esta figura no prosperó, al ser expuesta a votación, fueron protagonistas los 69 votos en contra por parte de los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal, la U, algunos del MIRA, Colombia Justa Libres, entre otros.
El argumento visible para fundamentar la votación en contra de la moción fue que en este momento de crisis debe primar la institucionalidad y no los cálculos políticos para el 2022 que tienen algunos representantes de los sectores alternativos.
Confieso que este resultado no me sorprendió en lo más mínimo, en el gobierno actual se han impulsado tres mociones de censura sin efecto. Todas por actos de violación de derechos humanos: i) Ministro Botero, citado a debate por el aumento de la violencia en el cauca, asesinatos de líderes sociales y firmantes de la paz; además, por el bombardeo a grupos subversivos que ocasionó la muerte de siete menores de edad; ii) Ministro Holmes, muerte de Dilan Cruz el 25 de noviembre de 2019, y posteriormente la muerte de Javier Ordoñez el 9 de septiembre en un CAI. Nadie respondió por los hechos, por el contrario, se estigmatizó la protesta y se apoyó a la fuerza pública.
Contra el ministro Molano los argumentos sobran. De acuerdo con las cifras de la ONG Temblores a corte del 27 de mayo, se han perpetrado 3.405 casos de violencia policial, un promedio de casi 114 casos por días; 1.133 casos por violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida, 1.445 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 648 intervenciones por parte de la fuerza pública, 47 víctimas de agresión en los ojos, 175 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía, y 22 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
En ese sentido, me preguntó de qué institucionalidad hablan los congresistas, no se puede hablar de algo que evidentemente está ausente desde hace rato. Más bien, hablemos del cálculo político que, si está presente en su decisión, especialmente, de los cargos burocráticos que recibieron recientemente en cabeza de Vargas Lleras de Cambio Radical, Andrés Pastrana y Omar Yépez del partido Conservador, y ni hablar de Dilian Francisca Toro de la U.
También vale la pena decir que muchos congresistas creen que las manifestaciones no llegaran a nada y todo seguirá igual, quizás este pensamiento tan pesimista se le permita a un ciudadano del común, pero es imperdonable para un representante del congreso, que se supone que representa los intereses del pueblo, pero lastimosamente, para representar colectividades se debe creer en ellas y hacer lecturas de sus necesidades, y evidentemente en esto están fallando nuestros legisladores. No se dan cuenta que en sus manos está parar la barbarie que se aproxima.
Por último, quiero decirles dos cosas. La primera es un dato, que desvanece el argumento que apoya el “No” a la moción. Me refiero a lo que señaló el investigador Javier Duque Daza acerca de las 23 mociones presentadas entre 1991 y 2014, ninguna obtuvo las mayorías, lo que explica que no es un tema de defensa de institucionalidad, sino de las mayorías con las que cuenta el gobierno de turno. Lo que es evidente en este gobierno. Y, lo segundo, en línea con lo anterior, en nuestras manos están las próximas elecciones, el primer momento (13 de marzo de 2022) clave será lograr las mayorías en el congreso: cumplirla regla de 55 curules en el Senado y 86 de la Cámara de Representantes. Jóvenes es momento ser protagonistas, hagámoslo por todos esos chicos y chicas que acompañan todas las marchas en primera línea. No se les olvide inscribir sus cédulas ¡Vamos por el cambio!
Postdata: lo que si me sorprendió fue el votó de Rodrigo Lara, lo consideraba un social-democráta, de la vieja cepa del verdadero liberalismo. Chicos tengan cuidado con esos que se visten de alternativos, eso está de moda.
