Con el fin de sancionar acciones irregulares por parte de la Fuerza Pública en las protestas o prohibir el uso de algunas armas y procedimientos, desde el Congreso se radican proyectos para reformar la Policía.

De acuerdo a las cifras presentadas por la defensoría del pueblo, en lo que va corrido del paro nacional en el país, se han registrado 42 muertes ocurridas en medio de las protestas. La Fiscalía habla de que 15 de estas tienen una relación directa con las manifestaciones. A su vez, cifras no oficiales entregadas por organizaciones no gubernamentales como Temblores o el Indepaz, denuncian que entre el 28 de abril y el 18 de mayo, la cifra de muertos es 51, de los cuales 43 tienen como presuntos responsables a miembros de la Policía. Además, reportan 18 víctimas de violencia sexual a manos de la Fuerza Pública, 2.387 casos de abuso de autoridad y 33 afectados con heridas en los ojos.

Los abusos por parte de la fuerza publica en medio del paro, llamaron la atención de la comunidad internacional, hasta el punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó, el pasado 14 de mayo, una visita de trabajo a Colombia “para observar en terreno” la situación de derechos humanos en medio de las protestas.

Según el organismo, las denuncias recibidas hablan del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. “La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”, dice el documento de la CIDH.

Al respecto, el presidente Iván Duque a mencionado, en diferentes intervenciones, la aplicación de la ley a los miembros de la Policía, a través de los organismos de control. Bajo esa promesa, la Procuraduría avanza en 71 procesos al respecto; sin embargo, siguen latentes preguntas en torno a por qué persisten acciones de abuso policial en las protestas en varias ciudades del país, y quién está detrás de estas órdenes.

Dichos interrogantes, han puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural a la Policía Nacional, en donde hay propuestas, incluso, de eliminar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Por su parte, en el Congreso hay tres proyectos que buscan reformar la Policía, algunos de manera profunda; otros, con cambios puntuales sobre el uso de la fuerza.

Uno de ellos, promovido por el representante Inti Asprilla del partido Alianza Verde, busca, además de establecer una cátedra sobre el uso proporcional de la fuerza, propone la eliminación de varias acciones que hoy implementan los uniformados, como la maniobra de estrangulamiento, el uso del bolillo para golpear en la cabeza, la prohibición de dar más de una descarga eléctrica con el “taser” y convertir en falta grave el uso de armas cinéticas, como armas con munición de balines o de goma.

Otro de los proyectos, liderado por el senador Iván Cepeda, del Polo, con el respaldo de más de 20 firmas, busca reformar la Ley 62 de 1993 para agregarle a la Policía los principios de dignidad, enfoque diferencial en cuanto a niños, mujeres, indígenas o población LGBTIQ+, igualdad, necesidad o proporcionalidad. En ese sentido, establece que los procedimientos policiales no podrán ser violentos y quedará en cabeza del Ministerio del Interior, no del de Defensa, la reglamentación de los instrumentos, medios y métodos para el uso diferenciado de la fuerza.

Por último, también está radicada otra iniciativa, que lideran Cepeda, el senador Antonio Sanguino y la representante María José Pizarro, y que propone varias limitaciones a la actuación de la Policía en medio de una protesta, obliga su subordinación al poder civil para intervenir una manifestación y pretende prohibir el uso de armas cinéticas, disparar directamente contra la multitud o de forma indiscriminada y el uso de fuerza letal y el porte de armas de fuego en las manifestaciones.