Por Cristian José Torres Torres
Por estos días en nuestro país ocurre un descontento en la mayoría de la población, que se refleja con actos de manifestaciones en contra de la corrupción que hace muchos años se viene perpetuando; por la desigualdad e inequidad social que nos acongoja desde principios de nuestra historia, como de igual forma, por las decisiones que ha tomado el gobierno de turno, entre ellas el intentar realizar una reforma tributaria en plena emergencia social producto de la pandemia que ha generado la propagación del virus Covid-19. Así mismo, se resiste el pueblo a la propuesta de unos congresistas de realizar una reforma al sistema de salud colombiano, y las intenciones encaminadas a implementar modificaciones en temas judiciales, laborales y de transporte público. Todas estas situaciones han sido el florero de Llorente, para que un pueblo con los ánimos caldeados desde el día 28 de abril del presente calendario se volcara a las calles para dejar claro su posición, llevando así a que se realicen protestas multitudinarias y paros por parte de muchos gremios y grupos sindicales, como esta semana vimos el del colectivo de taxistas en Cartagena.
Nuestra Carta Política, es decir, la Constitución Política de 1991 en su contenido nos indica que la protesta es un derecho fundamental que tienen todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, por ello es permitido que se realicen siempre y cuando sean de manera pacífica e incluso se pueden ejecutar con el acompañamiento de la fuerza pública, para que esta sea conforme a ley; Las manifestaciones que se vienen realizando desde hace ocho días, han logrado que se cataloguen como un hecho sin precedentes, al punto que ha girado la atención del mundo entero hacía nuestro país con pronunciamientos de grandes personas de la vida pública internacional, e incluso por momentos nos hemos olvidado de la pandemia producto del Coronavirus, que salen a la calles y poca atención se le presta las ocupaciones en las unidades de cuidados intensivos, por eso estamos plenamente convencidos que serán exitosas de alguna manera, y permitirán que el gobierno se vea obligado a negociar y mire la realidad de nuestro país por fuera desde cualquier ideología o posición política.
No obstante, muy lamentablemente hemos encontrado personas que no han acatado los comportamientos adecuados para realizar una protesta como indica la ley, olvidando toda la intención pacífica y real de una protesta o de un paro nacional como nos indica nuestra Constitución, por ello han cometidos actos de vandalismo como incendiar bienes muebles e inmuebles llevándolos a su total destrucción, incluso hechos repudiables como atacar una ambulancia donde una mujer iba dando a luz a su hijo, quien terminó sin ver la luz de la vida, o lo ocurrido en Cundinamarca, donde no se le permitió el paso a un vehículo que llevaba a un paciente infartado, lugares donde han impedido el paso de vehículos que transportan alimentos, ocasionando el desabastecimiento en muchos municipios del país, se han presenciado ciudadanos del común con armas amenazando a sus pares.
Por otro lado, y como si fuese una contienda bélica, la fuerza pública por su parte, y con mucho mayor reproche que los actos realizados por los ciudadanos del común, por ser quienes deben dar ejemplo de compostura y respeto a las normas, desgraciadamente, sí, así con esa vehemencia, desgraciadamente, su personal obviando todos los principios éticos y normativos con los que muy seguramente se realizó su formación, que por lógico el principal está el de la protección a la ciudadanía, han procedido a atacar a la población civil que pacíficamente se manifiesta, sin mediar, al punto que se han producido homicidios y lesiones por estos actos. Del mismo modo han realizado capturas y detenido personas de manera ilegal, sólo por estar ejerciendo su derecho fundamental de protesta.
Lo antes expuesto sin duda nos genera repudio, porque nos deja muy claro los errores que están cometiendo los ciudadanos que realizan actos vandálicos aprovechando la coyuntura de las protestas y paros, así como los abusos de autoridad por parte de la fuerza pública en su afán de no permitir las manifestaciones, pero lo que muy seguramente desconocen, o si saben lo pasan por alto, que todos estos actos por fuera de lo establecido en la ley, pueden tener implicaciones penales que ameritan el inicio de un proceso judicial en contra de los responsables, todo esto en razón que nuestro Estatuto Represor Colombiano ha tipificado como delitos varias de estas conductas con su debida penalización; es sí como podemos encontrar, solo por mencionar algunos de punibles y la sanción por cometer estos, tenemos: que el homicidio de una persona sin justificación legal repercute en una pena de prisión de hasta seiscientos meses, las lesiones personales dolosas de ochenta meses; el daño a bien treinta y seis meses; la perturbación al transporte público de manera ilícita pena ocho años; el porte de armas ilegal de hasta doce años. Por su parte el delito de abuso de autoridad indica que al servidor público le pueden imponen multa y como sanción anexa perder su empleo, como también quien incite a la comisión de punible se le impondría multa, todo esto según lo establecido en el Código Penal.
Amén de lo anterior, podemos entender que los errores que estamos cometiendo como país en razón de las marchas, manifestaciones y paros, no sólo pesa en el reproche de lo moral o en lo cada quien tiende a calificar mal o bien dentro de su postura social o política, sino que con dichos yerros se están infringiendo las normas, por lo que sin elucubración alguna podrían ser investigadas y sancionadas por la ley. Por tanto, el llamado es a realizar comportamientos acordes a las normas, sobre todo, respetando los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, entre eso el de protesta, tal cual como se realizó en nuestra querida Cartagena la velatón en los alrededores de la estatua de la India Catalina, acto que la hacen denominarla con mayor ahí como la heroica.
Twitter: @CristianT0rres.
