Por Ángel Corrales Santander 

Estudiante de décimo semestre de Derecho de la Universidad De Cartagena

La irrupción de la pandemia de COVID-19 supuso grandes retos para las administraciones tanto locales como nacionales, la adaptación a esta nueva realidad obligó a las autoridades administrativas a adoptar medidas sobre la marcha para mitigar los efectos del virus. En este sentido, es de vital importancia que todos los actores públicos que tienen capacidad presupuestal para mitigar los efectos adversos originados por el Coronavirus, obren con altruismo, transparencia y eficiencia en la administración del erario.

Dicho lo anterior, es menester preguntarse ¿Qué pueden hacer y que han hecho las Juntas Administradoras Locales (JAL) en el tiempo transcurrido desde la aparición del virus? Para resolver este interrogante, es necesario que definamos la naturaleza jurídica de las JAL y cuáles son sus funciones. Así pues, se debe señalar que son entidades descentralizadas del orden territorial, precisando que son una corporación pública (como el congreso, las asambleas y los concejos). La ley contempla que los distritos se dividirán en localidades, por lo que Cartagena está dividida en 3, a saber: La Localidad 1: histórica y del caribe norte; Localidad 2: Virgen y Turística; Localidad 3: Industrial de la Bahía. Cada JAL está integrada por un total de 9 ediles elegidos mediante voto popular y cada localidad tendrá un alcalde local nombrado por el alcalde Distrital de la terna elaborada por la correspondiente JAL. Su función principal es ejercer control político sobre las actuaciones de la administración y sobretodo del alcalde menor, razón por la cual carecen de personería jurídica, capacidad para contratar y capacidad en la ordenación del gasto; sin embargo, estas corporaciones son las encargadas de administrar los recursos que se destinan a los Fondos de Desarrollo local (FDL), es decir, son ellas las que presentan y aprueban los proyectos que se ejecutarán con ese rubro, entendiendo que acorde a lo prescrito en la ley 1617 de 2013, cada localidad tendrá un FDL cuyos recursos dependerán de lo que disponga el alcalde mayor previa aprobación del concejo, no pudiendo ser menor al 10% de los ingresos corrientes con los que cuente el distrito para cada anualidad, cuestión esta última que no se cumple a cabalidad, pero que desborda el objeto de la presente columna, razón por la que no haremos mayor precisión al respecto.

Para la vigencia presupuestal del año 2020, se aprobó un total de once mil cien millones de pesos ($11.100.000.000) para cada localidad, es decir, más de treinta y tres mil millones de pesos ($33.000.000.000) entre las tres localidades. Es en este punto donde reviste mayor importancia la actuación de las JAL, teniendo en cuenta que el último año ha sido escenario para holgadas discusiones entre la alcaldía mayor y el concejo distrital por el vigoroso control político que ha hecho este último respecto a las actuaciones del primero, sobre todo por las contrataciones hechas en el marco de la pandemia; sin embargo, en lo concerniente a las actuaciones de los ediles observamos una ostensible desidia y casi que una nula participación en la ejecución de obras, actividades y proyectos para aplacar el impacto que ha ocasionado el COVID-19 en la realidad económica y social de los cartageneros, siendo la noticia de mayor revuelo el aporte de 6.000 millones de pesos que cedieron a la alcaldía distrital para atender esta emergencia sanitaria. Entonces es válido preguntarse ¿Qué hay de los más de 25 mil millones de pesos restantes? ¿Qué obras han de impacto han ejecutado en sus localidades? Siempre hemos tenido la vista fijada en las actuaciones del concejo y la alcaldía, pero nunca se ha hecho un análisis de las actuaciones de estas corporaciones. En este orden de ideas, nos encontramos con unas instituciones a las que se les asigna anualmente una cantidad de recursos significativa y que sufren una considerable deslegitimación, al punto que muchas personas desconocen la existencia de las mismas, confundiéndolas incluso con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Esta deslegitimación se ve reflejada en el marcado abstencionismo electoral para elegir a los miembros de las JAL, obteniendo apenas el 53,83% de los votos posibles, por debajo inclusive de del porcentaje de votos a la alcaldía que corresponde al 55.25% de votos posibles. Lo anterior resulta paradójico al observar que estas corporaciones son la manifestación física del Estado más al alcance de las personas, razón por la cual deberían tener una mayor cercanía con la ciudadanía para poder canalizar los intereses, perspectivas e intereses de la comunidad con la administración, sin embargo, la actuación de los ediles esta cimentada en un relación particularista en la que los ediles se convierten más bien en unos tramitadores de favores personales de las personas que votaron por ellos, en lugar de ser unos veedores de las necesidades y proyectos de toda su comunidad. Esto no nos debería parecer extraño si tenemos en cuenta que estás corporaciones se han vuelto bastiones de la politiquería tradicional, siendo utilizadas como una atajo fácil para acceder a cargos de mayor jerarquía, muestra de lo anterior encontramos que en Cartagena para las elecciones locales del 2015 hubo 326 aspirantes a edil, y para las elecciones del 2019 hubo 341. También tenemos como ejemplo a Jorge Alfonso Useche Correa, quien fue edil por el partido conservador de la localidad 1 Histórica y del Caribe en el cuatrienio 2011-2015 con un total de 2.633 votos y posteriormente en las elecciones locales del 2015 obtuvo un lugar en el concejo distrital de Cartagena con una votación de 4.641. Para las elecciones del año pasado 6 de los 27 ediles aspiraron a un escaño en el concejo distrital, lo que reafirma lo aquí dicho. Pero el problema no es que las personas vean a las JAL como un atajo fácil de iniciación política, sino que los caciques políticos se han apoderado de este espacio para postular y respaldar personas que no tienen una real vocación de servir a la comunidad, sino de representar los intereses de sus partidos políticos, convirtiéndolas en una simple maquinaria para conseguir votos. Entonces la pregunta que se deben hacer los lectores son las siguientes ¿conoce usted la existencia de las JAL? ¿Conoce usted algún proyecto que hayan aprobado las JAL? ¿Conoce usted a algún edil de su localidad? Y posiblemente un considerable porcentaje de la población responderá negativamente a estas preguntas.

Como conclusión, hay que señalar que la participación de las JAL en el marco de la pandemia ha sido mínima y no sabemos en qué se han invertido los más de 11 mil millones de pesos con los que cuanta cada fondo de desarrollo local. Esperemos que el porvenir de estas corporaciones sea diferente al actual y que las comunidades cuenten efectivamente con unos funcionarios que representen sus intereses, teniendo en cuenta que son los ediles quienes deben conocer con mayor precisión las necesidades de las comunidades.