Por Duvan Felipe Muñoz

En medio de los primeros y turbulentos días del 2021, menester atención se le ha asignado a la creación de los comités de revocatoria, compuestos por ciudadanos, quienes se han inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, y que buscan dar por terminado el mandato que le confirieron a Alcaldes o Gobernadores.

Donde la insatisfacción ciudadana y el incumplimiento del programa de gobierno, son los motores de estas acciones democráticas.

Procesos que, en el transcurso de sus hitos históricos, han estado satanizados a los viudos de poder. Aunque, sean tan democráticos, y ampliamente protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano, como el proceso de elección popular mismo.

En Cartagena, a fecha del 20 de enero del año en curso, se han inscrito DOS comités de revocatoria. Organizaciones, que demuestran un alto nivel de inconformismo y, a juicio, han de representar la necesidad imperante de contar con un burgomaestre que gobierne para todos, que ejecute planes de desarrollo coherente y fuertes. Que le apueste a la transformación que tanto se ha predicado, y que anhela urgentemente la sociedad cartagenera.

Tanto ha sido el reconocimiento democrático de este proceso, desde la Constitución de 1991, que nuestra Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, garantizar el derecho de información y defensa por intermedio de audiencia pública dentro del procedimiento de revocatoria del mandato. En tal sentido, estas instituciones, en ejercicio de sus funciones expiden la resolución 4073 del 16 de diciembre de 2020.

En este orden de ideas, el presente exige que se respete a cada comité, el ejercicio del artículo 40 de la C.N, “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, y que no sea encasillado a risas.

A los alcaldes o gobernadores sobre quienes recae la solicitud, que respeten la institucionalización democrática que gozan estas acciones, y que no la rediman a bodegas y mensajes que desvían la verdadera intención que le ha de asignar nuestra alta corte Constitucional.