El balance trimestral sobre Colombia se presenta ante el consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

Este jueves fue presentado ante el consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el balance trimestral de Colombia sobre el acuerdo de paz con las Farc, colocando en velo las faltas de garantías y el incumplimiento del mismo acuerdo por parte del Gobierno de Iván Duque.

La Misión de la ONU en el territorio nacional es auditar el Acuerdo de Paz, que se firmó hace 4 años en el Gobierno de Juan Manuel Santos; en el informe se ratificó lo que es una realidad en los territorios; violencia contra los desmovilizados, asesinatos, masacres e incumplimiento de varios puntos acordados para culminar el conflicto.

La ONU evidenció contratiempos en la implementación de la política de adjudicación de tierras a los excombatientes y las víctimas del conflicto armado, además reafirma que no hay garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc, mucho menos para los líderes sociales.

Para la organización internacional, la mayor observación esta en las dificultades que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El principal punto en el que la misión se centró fue la protección y la seguridad de los excombatientes y las excombatientes, las comunidades afectadas por el conflicto y los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos.

“La principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”, Anexa el documento oficial.

La ONU afirmó, que, desde la firma del Tratado de Paz con las Farc, 248 asesinatos de excombatientes, incluidas seis mujeres y especialmente en el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020, fueron ultimados 21 de ellos, al tiempo que el año pasado fueron 73 los asesinados.


Según el organismo internacional, la mayor preocupación esta frente a los excombatientes de la zona fronteriza que limitan en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, es allí donde hay más presencia de las disidencias de las Farc y mucha ausencia del estado.

“Las condiciones de seguridad de los excombatientes y las excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare se han deteriorado considerablemente en los últimos meses. Aprovechando que la presencia del Estado es limitada, grupos disidentes de las FARC-EP han ampliado su ámbito de actuación y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales, poniendo así en peligro el proceso de reincorporación. Varios dirigentes locales de FARC se han ido de la zona por motivos de seguridad y se han mostrado reacios a regresar”, se afirma en el documento.

Aunque esta es solo una parte de la realidad que se vive 4 años después del Tratado de Paz, la ONU estima que el gobierno destine más recursos para salvaguardar y garantizar la seguridad de los excombatientes, líderes sociales y demás personas.