Cristian José Torres Torres

Abogado especialista en derecho penal. Torres & Ardila Abogados.

Es casi que a diario que nos encontramos en la televisión, la prensa escrita o por las ya importantes redes sociales, una noticia con el titular de que un ciudadano procesado judicialmente recuperó su libertad por el vencimiento de los términos de la medida preventiva de privación de la libertad, que cumplía en un establecimiento carcelario o en su domicilio, y en igual cantidad comienza la indignación de un pueblo que asimila que el mismo ciudadano quedará impune frente la supuesta comisión del delito por el que está siendo juzgado, y por eso encontramos comentarios tan vanos como: “Pero no pagó nada de cárcel, para todo lo que hizo”.

Pues bien, la presente columna va encaminada no aclarar las dudas que tienen el pueblo e incluso colegas respecto de la libertad por el vencimiento de términos, sino a educar para que de dicha figura jurídico penal no se siga teniendo el concepto errado de sinónimo de impunidad, sino que sea vista como lo que en verdad es, un derecho que tienen los ciudadanos que dentro de un proceso penal les fue impuesta una medida preventiva de detención; al leer esto muchos se sorprenderán con el hecho que es un derecho, e incluso otros recordarán su esencia, pero lo es y está consagrado en la constitución, tratados y pactos internacionales firmados por Colombia y en las leyes penales vigentes en nuestro ordenamiento.

Por lo anterior, es imperioso empezar esta pequeña clase diciendo que cuando el Estado a través de su ente investigador de conductas penales, es decir, la Fiscalía General de la Nación imputa cargos a un ciudadano que presuntamente cometió uno varios delitos, puede solicitar ante el juez penal de control de garantías la medida preventiva de privación de la libertad del procesado, siempre y cuando se cumplan unos requisitos que exige la ley, y de ser concedida esta ya sea un establecimiento carcelario o en el domicilio del procesado, automáticamente y por imposición de ley también empieza a correr un término perentorio para ella y para las autoridades judiciales con la intención que se sostenga hasta el final del proceso para que cumpla su fin, que es meramente cautelar.

Amén de lo anterior y como quiera que el derecho fundamental de la libertad lo que se trastoca con esa medida, por eso que la norma impone un término para que se vayan solventando las audiencias propias del proceso penal cuando está esta figura jurídica presente en el mismo, para mayor entendimiento podemos acudir al artículo 317 del Código de procedimiento penal, donde nos establece los términos en que se debe adelantar cada etapa cuando ocurre la circunstancia en particular, por tanto, si las autoridades judiciales no ciñen el procedimiento según la norma, es decir se pasan del tiempo impuesto en la norma, entonces se vencen los términos para seguir adelantando el proceso con la medida preventiva vigente, y esto a la vez nos indica que obligatoriamente y previa solicitud de la parte interesada ante un juez de garantías, se debe conceder la libertad.

Es importante indicar que la libertad por vencimientos de términos su condición es de carácter constitucional, toda vez que la intención de ella es que se pueda adelantar el proceso sin trastocar el principio de inocencia hasta tanto no exista sentencia condenatoria, como además el respeto por el derecho fundamental más importante después de la vida como es la libertad y por último el derecho de defensa, toda vez que nunca será lo mismo para un ciudadano ejercerla desde las mieles y facilidades de la libertad, a hacerlo estando recluido.

Resulta vital para esta pequeña clase de corrección, destacar que si se concede la libertad por vencimiento de términos,  no implica impunidad o que la persona sea inocente o peor aún que culminó el proceso, pues resulta todo lo contrario dado que el juzgamiento continua hasta tanto no se emita una decisión de fondo que describa si el ciudadano procesado es inocente o culpable, es decir, la libertad concedida también podría resultar temporal, toda vez que podría darse que la sentencia emitida sea de carácter condenatorio,  y así la persona debe cumplir la pena impuesta en un establecimiento carcelario o en su domicilio según sea el caso y sus condiciones especiales, como lo es si el punible tiene restricción de otorgar beneficios o subrogados penales. Por otro lado, y no siendo menos importante es pertinente establecer que los términos son perentorios para la autoridades públicas, toda vez que las labores e incluso maniobras dilatorias de la defensa, no se tiene en cuenta para el vencimiento de términos.

Conclusión, la libertad por vencimiento de términos es un derecho, y este se ejecuta por la inoperancia del Estado a través de sus entes en no realizar las actuaciones ajustadas a la norma, por tanto, la próxima vez que sea vea un titular donde informan que se concedió libertad por dicha figura jurídica, en vez de indignarse, debe sentir alegría porque primero se está cumpliendo con lo descrito en la constitución y aunado un compatriota se le están respetando sus derechos.