La JEP (Jurisdicción Especial para La Paz) ordenó al consejero para la Estabilización, al alto comisionado para la Paz y a la Fiscalía, con la finalidad de frenar los asesinatos a los ex miembros de la Farc.Según este estatuto, los homicidios alcanzan un 11% y no se ha avanzado en el desmantelamiento de estas organizaciónes criminales.

La JEP dice que el Gobierno Nacional no está tomando las medidas necesarias para mitigar los asesinatos a excombatientes de las Farc. En abril del año 2020, inició el trámite para las medidas cautelares que garantizaban la protección de los reincorporados, desde ese momento hasta la fecha van 259 excombatientes asesinados.

El pasado 26 de Febrero, la Jurisdicción emitió nuevas órdenes, y reafirmó otras que ya habían sido anunciadas. Además, realizó un en materia de esclarecimiento de las agresiones a los retirados de la Farc, donde las cifras expuestas en estos informes son contradictorias a las presentadas por el Gobierno Nacional. También reiteró que el Gobierno no ha avanzado en la desarticulación de organizaciones criminales, incumpliendo el acuerdo de paz.

Afectaciones al tribunal por la muerte de los integrantes de las Farc

Un excombatiente llamado a declarar el 15 de Febrero de 2021 fue asesinado en diciembre de 2020. La Jep señala que este caso «deja a más de 150.000 víctimas acreditadas en ese caso sin la posibilidad de esclarecer múltiples hechos de los cuales tenía información”. Cada muerte de un reincorporado no permite a la jurisdicción realizar las investigaciones para esclarecer la verdad ee las víctimas del conflicto armado.

También la JEP cuestiona que de 280 casos de homicidio, solamente se han emitido 33 sentencias, lo cual corresponde solamente al 11% de esclarecimiento. También en las 251 investigaciones abiertas por amenazadas, solo se han generado 7 sentencias, lo cual no corresponde ni al 2% del total de denuncias. Este pronunciamiento es en contra de la Fiscalía, por el bajo nivel de investigación y efectividad que tiene en estos casos, denuncia la JEP.

La Jurisdicción señala que para esclarecer los casos, es necesario investigar y conocer los responsables. Agrega que de 280 víctimas, solamente 48 casos han sido vinculados los autores materiales e intelectuales. Es decir un 17% del total.

Con este desalentador panorama, la JEP ordenó a la Unidad Especial de Investigación realizar las investigaciones pertinentes sobre las amenazas a reincorporados. Además de adopción medidas que garantice protección a aquellos que denuncien amenazas en su contra. También le ordenó al Ministerio de Defensa, apoyar a la Fiscalía para acudir al lugar de los hechos para poder avanzar en las investigaciones.

“Resulta inexplicable e inaceptable que exista un retraso de más de 2 años en la creación de lineamientos de política pública y criminal para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, cuando es claro que todas las autoridades estatales están obligadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, sostiene la JEP. “Estos no se ejecutan en el marco de una política para el desmantelamiento, que haría más efectivas las acciones pues dependerían del trabajo articulado de varias organizaciones, que además están reunidas en la Comisión Nacional de Garantías”.

La JEP ordenó al alto comisionado para la Paz que en 15 días hábiles, remita a esa jurisdicción los lineamientos y el plan de acciones para el desmantelamiento y que de no ser así, se le sancionará por desacato.