Por Javier Doria 

El 11 de noviembre de 1811, un puñado de valientes cartageneros nativos y adoptivos declararon solemnemente ante la faz del mundo a Cartagena de Indias como Estado libre, soberano e independiente, empeñando sus vidas y haciendas y jurando derramar hasta la última gota de sangre antes que faltar a tan sagrado compromiso. La independencia de Cartagena es tal vez el acontecimiento político más importante de la historia de nuestro país que tuvo, por demás, un gran impacto en la emancipación absoluta de América de la monarquía española.

Según el historiador cartagenero Rafael Ballestas Morales, en 1812 el pueblo, espontáneamente, sin iniciativa oficial, celebró por primera vez la gesta independentista. Años más tarde, en 1846, la conmemoración de este significativo hecho político sería convocada oficialmente por las autoridades locales. En 1910, la Asamblea Nacional de Colombia profirió la Ley No.57 mediante la cual declara fiesta nacional el 11 de noviembre, autorizando al Gobierno a dictar medidas a fin de que las entidades y corporaciones tomaran parte en las festividades “con el mayor esplendor posible” y disponiendo de la suma de treinta mil pesos del Tesoro Nacional para contribuir a solemnizar esta fiesta patria.

Registros de los periódicos “La Época” y “El Porvenir” de principios del siglo XX, que reposan en los archivos del Museo Histórico de Cartagena, dan cuenta que los festejos se extendían por más de doce días y los programas oficiales de celebración incluían discursos, lectura del bando, sesión solemne para dar lectura del acta de independencia, batallas de buscapiés frente al palacio de gobierno, retretas de bandas de música, bailes populares y fuegos artificiales. Sin embargo, años más tarde, observamos cómo empezaron a introducirse una serie de prohibiciones en los festejos. En 1948, el Decreto No.240 del 21 de octubre, expedido para la conmemoración del 137 aniversario de la independencia, prohibió el uso de buscapiés y cohetes, y de la misma forma dispuso que quedaba “absolutamente prohibido” el uso de capuchones, máscaras, caretas y antifaces, por ser artefactos que dificultan la identidad de las personas.

Las prohibiciones influenciaron la celebración y sucesivamente, año tras año, estas aumentaron hasta llevar a la pérdida de elementos tan importantes para el festejo como el disfraz del capuchón. En nuestro proceso de investigación hemos podido documentar, por lo menos, una veintena de decretos en el mismo sentido.

Este año la Administración distrital ha expedido el Decreto 1180 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual prohíbe la celebración de bandos, entendida esa categoría, no desde el punto de vista técnico – legal, sino como el espacio de celebración callejera de los cartageneros de su fiesta de independencia, lo que me lleva a concluir que lo que por mucho tiempo han buscado las autoridades, de una y otra forma, por uno y otro motivo, ha sido restringir los festejos patrios. Desde mi forma de ver las cosas, darle la instrucción a la Policía de impedir “bandos” es abrir la posibilidad de enfrentamientos innecesarios entre ciudadanos y la autoridad.

Este triste recuento de restricciones me lleva a proponer una insurrección festiva, un levantamiento ciudadano de alegría y entusiasmo para celebrar la insigne fecha por mil títulos gloriosa en los anales patrios. Nada más justo que celebrar la vida cuando, por causa de una innombrable enfermedad, han partido de nuestro lado familiares y amigos cercanos. Celebremos en las terrazas, en los patios, en los balcones, en el pretil de la casa, con responsabilidad, pero celebremos.

¿Es que acaso nuestras autoridades no han entendido que las fiestas son una oportunidad de reactivación económica y social para nuestra gente? ¿Cómo es que otras ciudades promueven sus ferias y carnavales como una oportunidad para salir adelante y aquí las restringimos? ¿O será que detrás de la represiva prohibición se esconde el desconocimiento de nuestra historia o la incapacidad para organizar y controlar a los ciudadanos?

Javier Doria / Abogado, Doctor en Derecho, profesor universitario, investigador en derecho público, cultura, patrimonio cultural inmaterial y conocimientos tradicionales.