Por Andrés Eduardo Pájaro Jaramillo

Quiero empezar este escrito con el siguiente refrán popular, “Quien no conoce la historia está condenada a repetirla”.

En el año 1933 del día 27 de febrero en Alemania, ocurrió un incidente que determinó la consolidación de los Nazis en el poder. El Reichstag, parlamento alemán de ese entonces, fue incendiado presuntamente por un joven comunista neerlandés de 24 años, este era un albañil desempleado que había llegado recientemente a Alemania, y que fue capturado en el lugar del incendio. Cabe resaltar que este hecho sigue siendo un tema de permanente debate e investigación.

A partir de esto, en ese entonces el canciller de Alemania Adolf Hitler,  presionó al presidente Hindenburg que sancionara un decreto de emergencia, el cual suspendería las libertades civiles y según él, contrarrestaría la confrontación despiadada del Partido Comunista de Alemania en contra del país. Sancionado el decreto,  la policía realizó incontables arrestos a los comunistas a lo largo y ancho del país, para algunos historiadores este episodio sí fue un acto terrorista por parte de los comunistas pero para otros y mi persona el incendio fue planeado y ordenado por los nazis como una operación de falsa bandera, con el fin de aumentar su creciente poder. El termino falsa bandera es empleado para provocar que sus opositores, a los que se culpa, sean vistos con recelo por la opinión pública.  Fuera quien fuera su autor, lo cierto es que los principales beneficiados de este suceso fueron los propios Nazis, que pudieron consolidar su poder y eliminar a los comunistas, que junto a los socialdemócratas eran los principales opositores del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.

El decreto llevaba seis artículos solamente. El artículo 1 suspendía “hasta nuevo aviso” el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad individual de la persona, la libertad de asociación, la libertad de reunión y el secreto de las comunicaciones, mientras a la vez permitía a las autoridades practicar arbitrariamente registros de domicilios o de oficinas, confiscar bienes privados y ejecutar otras restricciones a la propiedad. Los artículos 2 y 3 otorgaban al gobierno del Reich todas las facultades propias de los Länder de Alemania, establecidos por la Constitución de Weimar, en cuanto a la “custodia de la seguridad pública”, vulnerando las autonomías locales previstas por la Constitución; los artículos 4 y 5 fijaban penas severas para los actos contrarios a la seguridad pública, desde multas por 15,000 Reichsmark hasta penas de cárcel mayores a las fijadas hasta entonces por el Código Penal (el cual quedó ampliamente modificado para aumentar drásticamente diversas penas), incluyendo la pena de muerte para quienes causaren daños a bienes públicos o quienes “opusieran resistencia a autoridades del Reich”; el artículo 6 fijaba finalmente que el decreto entraba en vigencia en todo el país con efecto retroactivo, lo que permitió aplicar la pena de muerte al supuesto causante del incendio del Reichstag (guillotinado el 10 de enero de 1934) y construir los primeros campos de concentración.

Para terminar con este episodio histórico y aterrizar en nuestro país colombiano, años después el presidente Hindenburg fallece de una manera extraña y como constitucionalmente estaba establecido que quien lo reemplazaría en caso de muerte sería el canciller del momento, Hitler llega al poder de manera positiva y desencadena la nefasta guerra que todos conocemos.

Pero ustedes se preguntaran, ¿qué relación guarda todo esto con la situación actual de nuestro país?

En medio de una jornada agitada en Tuluá, Valle del Cauca, en la noche del este martes 25 de mayo de 2021 se reportó un incendio en el Palacio de Justicia del municipio, aunque no hay mayor claridad frente a los hechos, o si hay víctimas, las autoridades aseguraron que se trataba de actos vandálicos.

Ahora, con base a lo anteriormente relatado dejo como inquietud y análisis propio los siguientes interrogantes

¿Será este un suceso de peso para que el presidente expida el tan temido Estado de Conmoción interior (art 223 cp)? ¿Quién está detrás de este hecho que desprestigia la protesta?

En mi opinión de este gobierno fallido esperaría cualquier cosa.