La Contraloría General de la República dejó en firme, en segunda instancia, el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones por los retrasos del proyecto hidroeléctrico, Hidroituango, el cual debió iniciar operaciones en noviembre de 2018.
Hay que recordar que este fallo inicialmente fue proferido en septiembre del presente año en contra de 26 funcionarios y contratistas, por el daño que su gestión ha generado en el patrimonio del Estado, así como el lucro cesante (estimado en más de $1,1 billones) generado a partir de los retrasos en el inicio de la operación.
La ratificación del fallo de la Contraloría llega 11 meses después de que la entidad imputara cargos por el caso Hidroituango, que en su momento cobijó a 28 personas naturales y jurídicas. En el fallo de primera instancia, y en la ratificación de segunda, se eximió de responsabilidad fiscal a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, y Jorge Mario Pérez.
Esto quiere decir que, entre los hallados como fiscalmente responsables, se encuentran figuras como Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia (2008-2011).
¿Cómo el proyecto de Hidroituango?
Hay que tener en cuenta que la noticia del fallo llega un día después de que EPM y el consorcio CCC firmaran un preacuerdo que evitaría que las obras se frenen después del 31 de diciembre del presente año (que es la fecha en la que vence el contrato entre ambas partes).
De obtener luz verde por parte de las juntas directivas de las empresas constructoras, se daría una prórroga de ocho meses, además de un plazo de tres meses para adelantar el empalme con los eventuales nuevos constructores.
Sin embargo, con la más reciente declaratoria de la Contraloría, es incierto qué pueda pasar con este preacuerdo, pues el fallo afecta directamente a estas empresas.
Adicionalmente, se revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia y, por consiguiente, la declaró como tercero civilmente responsable, por lo que se hace efectiva la póliza todo riesgo de construcción. Lo mismo ocurre con Seguros Generales Suramericana S.A, con lo que se hace efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores.
En suma, teniendo en cuenta la afectación que ha generado las dilaciones en la entrega del proyecto al patrimonio del Estado, sumado al lucro cesante del proyecto, es que la Contraloría determina que el total del daño causado suma más de $4,3 billones.
Fuente: El Espectador
