Informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) analiza al batallón ‘La Popa’, una de las unidades militares con más casos de falsos positivos.
A pocos meses de que la JEP formule su imputación contra los responsables de estos crímenes, que habrían dejado al menos 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, siguen descubriéndose datos.
El periódico El Tiempo conoció un documento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El documento fue construido a partir de 40 testimonios de 32 oficiales y suboficiales del batallón ‘La Popa’, ubicado en el César, ante la JEP.
De estos testimonios, se identificaron 146 casos de ‘falsos positivos’ cometidos entre 2002 y 2005. De acuerdo con la Fiscalía, en este lapso, la Primera División del Ejército presentó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional.
Por su parte, con 166 asesinatos, el batallón perteneciente a esa división ‘La Popa’, concentró más de la mitad de los casos investigados. De esta manera, se convirtió en la unidad militar con mayor número de investigaciones abiertas por el ente acusador en Ley 600.
De hecho, el coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante de La Popa entre 2002 y 2004, fue condenado en 2013 a 19 años de prisión. Lo anterior por vínculos con paramilitares. El exmilitar se sometió a la JEP y hoy disfruta de la libertad por cuenta de una decisión de esa jurisdicción.
El perfil de las víctimas
Según el documento, se han identificado 10 patrones en las personas asesinadas y utilizadas como bajas en combate. Esto, de acuerdo con las versiones de los oficiales y suboficiales del batallón ‘La Popa’.
De acuerdo con lo anterior, los patrones son: pertenecer a una comunidad indígena, ser señalado como guerrillero miliciano, ser presunto integrante de las Auc.
Así mismo, ser una persona indocumentada, tener antecedentes, ser menor de edad, caracterizarse por la precariedad económica (habitantes de calle, vendedores ambulantes, recicladores).
También: tener alguna discapacidad o diversidad funcional, ser desmovilizado de algún grupo armado al margen de la ley y ser una persona LGBT.
Ante la JEP, los militares han asegurado que antes de cometer una ejecución extrajudicial recibían información de que la persona era guerrillera o miliciana. Sin embargo, “en varias de las versiones se puede observar que esa información era escueta», asegura el documento.
En esta dirección, también se conoció que grupos armados habrían hecho alianzas con agentes del entonces Estado. Lo dicho, para la comisión de falsos positivos en municipios del norte del Cesar como Agustín Codazzi, Bosconia, La Paz, Manaure, San Diego y Valledupar; debido a que la jurisdicción del batallón cubría estás zonas del país.
Además, el informe del Cajar destaca la participación de civiles. Estos fungieron como guías de las operaciones de registro y control de los distintos pelotones. Además, a la postre, determinaban quiénes serían los asesinados. Esos guías, en ocasiones, eran miembros de grupos paramilitares.
Uno de los soldados indicó en su testimonio que un guía le dijo que detuviera a un presunto integrante de las Farc. “No había un verdadero control por parte de los superiores o del S2 para corroborar que las personas hicieran parte de estos grupos al margen de la ley”, concluye el documento.
Según las versiones de los militares, al no tenerse certeza del supuesto grupo guerrillero al que pertenecía una persona, le asignaban arbitrariamente indumentaria de alguno.
Un compareciente ante la JEP relató una ocasión en que un superior lo felicitó y preguntó qué brazalete tenía la persona asesinada. Posteriormente, el compareciente respondió que ninguno, y el superior le indicó que le pusiera uno de las Farc.
Incluso, para aumentar los resultados operacionales, los militares habrían identificado personas en situación precaria, sin un arraigo familiar definido. “Lo que dentro de un patrón permite que, en algunos casos, no existan denuncias ante su desaparición”.
Señaló un compareciente, personas “que no tenían muy buena imagen, ladrones, con antecedentes” había que cortarles el cabello y arreglarlos antes de asesinarlos.
Por ello, en sus versiones, los oficiales y suboficiales, indicaron que algunas víctimas eran personas habitantes de calle Valledupar, quienes se dedicaban a oficios como el reciclaje de metales.
Por otra parte, el documento señala que casi el 10 por ciento de las víctimas de ‘falsos positivos’ cometidos por militares del batallón La Popa eran indígenas de las etnias wiwa y kankuama, habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por todas estas y otras situaciones, el Cajar solicitó a la JEP que aplique todos los enfoques diferenciales (étnicos, de género, discapacidad) para los análisis que correspondan en el marco del macrocaso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
