El juez Promiscuo Municipal, Alberto Mario Ospino, del Juzgado de Puerto Colombia, Atlántico, admitió una acción de tutela presentada por el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados en contra del Ministerio de las Tic, por la presunta violación al debido proceso tras la caducidad del polémico contrato de conectividad por más de un billón de pesos de los cuales ya se adelantaron $70.000 millones.

Tras aceptar la tutela, el juzgado ordenó continuar con el multimillonario contrato y así suspender provisionalmente las resoluciones del Ministerio de las Tic mediante las cuales se determinaba la caducidad del mismo.

«Decrétese como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de las decisiones contenidas en las Resoluciones MINTIC Nos. 01747 del 19 de julio de 2021 y 02013 del 13 de agosto de 2021, y de todas aquellas que se deriven de las mismas, proferidas por la autoridad accionada en contra de la UT Centros Poblados Colombia 2020, hasta tanto se profiera decisión de fondo dentro del presente tramite«, dice parte del comunicado emitido por el juzgado.

El juez Ospino también vinculó al tramite judicial a cinco empresas que están relacionadas en la investigación sobre el contrato de conectividad para que se pronuncien en las próximas horas sobre la tutela interpuesta por Centros Poblados.

El juzgado le da plazo de un día a partir de la notificación al MinTic para que presente un informe junto con las respectivas pruebas que les permita ejercer su derecho de defensa y contradicción dentro del trámite constitucional frente a la tutela que fue fallada en su contra.