Estudiantes de derecho de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), interponen tutela para proteger su derecho fundamental a la educación en conexidad con otros derechos, la tutela fue admitida por el Juzgado Quinto De Pequeñas Causas Laborales De Cartagena.

Según lo manifestado por los estudiantes, la UTB exige a estos, presentar obligatoriamente un examen preparatorio llamado política para examen de calidad de derecho ECAD, que no estaba contemplado como requisito de grado en los Reglamentos Estudiantiles vigentes en 2012, 2016, ni en los posteriores a la fecha de promulgación de la política ECAD; así como tampoco está contemplado en el reglamento actualmente vigente, esto es, bajo el cual se matricularon los estudiantes o, bien, suscribieron el contrato de matrícula con la universidad.

El Reglamento estudiantil es considerado por la ley y la jurisprudencia la norma jerárquica superior en este ámbito educativo que tiene por objeto establecer las normas académicas, administrativas y disciplinarias y demás normas que contienen los derechos y deberes que deben cumplir los estudiantes matriculados en programas de pregrado y posgrado, como lo tiene determinado en el Reglamento Estudiantil la misma UTB.

En los hechos de la demanda de tutela, los accionantes plantean lo que consideran una violación de sus derechos fundamentales a la educación en conexidad con otros derechos fundamentales. Así mismo, manifiestan que esta situación podría generar inseguridad jurídica por incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con los estudiantes, por parte de la universidad, como prestadora del servicio público educativo en representación del Estado, pues la transgresión, en este caso, recae sobre los principios legales y Constitucionales de Legalidad, irretroactividad de la ley, derechos adquiridos, buena fe y confianza legítima o debida, entre otros; causando un posible detrimento económico a los estudiantes y a sus familias por el cobro adicional de estipendios que deben asumir quienes no logran aprobar el examen por primera vez y, por consecuencia, deben repetirlo.

Esto también puede poner en riesgo la economía personal y, en algunos casos, la del hogar de los estudiantes, debido a que puede obstaculizar –por el represamiento y retraso innecesario en los grados de los estudiantes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga que son aproximadamente el 90% de los estudiantes del programa de derecho– la condonación del crédito pactada con el ICETEX cuando el estudiante se gradué.

Lo que sin duda dificulta que aquellos con todos los requisitos legales cumplidos puedan graduarse y aspirar a un empleo en donde se exija el título profesional, o ejercer la profesión de manera independiente mediante la obtención de la tarjeta profesional de abogado. Con esto, por ende, no sólo se dilata, sino que se impide la inserción al mercado laboral de los jóvenes estudiantes de derecho en oposición al objetivo de la Ley 1429 de 2010 de Formalización y Generación de Empleo; normativa que tiene como objetivo facilitar el acceso a la oferta de empleo de los menores de 28 años y recién graduados entre otros. Cabe resaltar que entre finales del 2020 y principios del 2021 han presentado el examen un número cercano a los 50 estudiantes y sólo lo han aprobado en la 1ª oportunidad aproximadamente 8, es decir, lo ha reprobado alrededor del 84 %. Por tal razón, los estudiantes manifiestan que por alto que sea el grado de dificultad de un examen de este tipo, por los resultados que se conocen extraoficialmente, algo en la metodología aplicada no es pedagógica ni académicamente viable, y que, por ello, aprobarlo es más un asunto de suerte o de azar, que de la valoración real, objetiva y efectiva de las competencias que según los evaluadores tengan los estudiantes. Lo que da como resultado el bajo número de egresados graduados del programa de derecho de la UTB. Pese a lo anterior, los estudiantes reconocen que “por el ejercicio legítimo de la autonomía universitaria, la UTB puede modificar sus reglamentos, y, en efecto, así lo ha hecho. No obstante, las modificaciones del reglamento estudiantil –requisitos de grado–, operarían para el futuro y no de manera retroactiva.