En un marco de justicia transicional, la verdad contada por los actores del conflicto prevalece sobre los castigos punitivos o carcelarios. Tras culminar una guerra, son los relatos reparadores aquellos que buscan hacer honor a las víctimas y que buscan alcanzar un compromiso de reparación y no repetición. En esa medida, lo restaurativo, que no siempre apela a la privación de libertad, es una herramienta primordial para acceder a un esclarecimiento de los hechos; en nuestro caso, conocer qué pasó en el conflicto armado colombiano.

Sin embargo, todavía desde distintos sectores sociales prevalece el interrogante de si ¿hay justicia sin pagar penas en la cárcel? Esto se lo preguntan, frecuentemente, quienes critican el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tenga previstas sanciones diferentes a la pena en un centro carcelario para los responsables de la guerra que aporten a la verdad y a la reparación de las víctimas.

El Acuerdo Final, en el punto, 5 previó la creación del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición que tiene como objetivo poner a las víctimas del conflicto armado en el centro, dando prioridad al esclarecimiento de los hechos y a la reparación de las víctimas con verdad plena y medidas integrales que vayan más allá de la indemnización económica.

En ese sentido, las normas que crearon la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, estipulan que los responsables que comparezcan a la Jurisdicción (exmiembros de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles) obtengan beneficios jurídicos si cumplen con un plan serio y verificable para aportar a la verdad plena y reparar a las víctimas. Deben comprometerse también a no repetir sus crímenes y concurrir a las otras dos entidades cuando sean llamados a dar aportes.

Si cumplen con todas las obligaciones, estas personas podrían recibir sanciones restaurativas y reparadoras del daño causado con una duración de 5 a 8 años de restricción de la libertad en establecimientos no carcelarios, o de 2 a 5 años para quienes hayan tenido una participación no determinante en el delito.

Estas sanciones serán acordadas con las víctimas y la JEP viene trabajando en conjunto con la Alta Consejería para la Estabilización para que esas sanciones se cumplan en territorios PDET. A estas se les ha denominado sanciones propias.

Uno de los preceptos de esta justicia ordinaria es que la sanción sea equivalente al daño causado. Entre más grave el crimen, más restricción de libertad. Pero en varios estudios en el mundo se ha demostrado que este tipo de penas no está siendo eficaz, porque no está logrando una labor fundamental: la resocialización. Tampoco hay una reparación para las víctimas, ni siquiera se tienen en cuenta en los procesos, han explicado los magistrados de la jurisdicción.

Por otro lado, expertos en justicia transicional como Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon han realizado estudios que concluyen en que si bien hay limitaciones para que haya un enfoque restaurativo práctico dentro de una justicia en contexto transicional, debe haber una amplia discusión para que este tipo de modelo pueda ser de largo aliento, entienda los daños causados y al mismo tiempo permita perdones proporcionados. Esa discusión sigue en marcha.

En aras de esa discusión, Colombia2020 en su capítulo Colombia en Transición, reunirá voces que vivieron el conflicto desde distintas orillas, para el conversatorio “Justicia restaurativa y sanciones propias”. A lo largo de este espacio virtual, que se transmitirá el próximo 11 de marzo, desde las 9:00a.m., por los canales digitales de Colombia2020, estarán como panelistas: Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP; Jacqueline Castro, representante de MAFAPO; Luis Eladio Pérez, víctima de secuestro por parte de las antiguas Farc; y María Camila Moreno, directora de ICTJ Colombia.

A continuación, les anexamos la agenda del día. Esperamos nos pueda publicar y  acompañar, deseándoles de antemano un feliz inicio de mes y muchos éxitos.