Por Cristian José Torres Torres 

Abogado especialista en derecho penal. 

Para escribir esta columna nos fijaremos en dos situaciones de maltrato animal que en lo corrido del calendario 2021 han causado bastante escozor no sólo en los animalistas, sino en la mayoría de la población mundial, que si bien no hacen parte he dicho grupo poblacional de defensa de los animales, no dejaron de demostrar su inconformidad con dichas situaciones; el primer acto con el vídeo del conejo Ralph y la utilización de los animales por las empresas de cosméticos para el testeo de sus productos, y segundo lo ocurrido lamentablemente en mi querido pueblo El Carmen de Bolívar, donde unas personas incineraron vivo a un canino en una vía pública; ambos actos y todos los demás conocidos, son propicios para indicar si penalmente puede existir responsabilidad en quienes ejercen actos de maltrato animal y sus alcances en nuestra legislación colombiana. 

Sea lo primero indicar, que desde la aparición de ley 1774 del 2016 el congreso de nuestro país dispuso que los animales no son sólo cosas, sino seres sintientes, por lo cual deberían recaer sobre estos unas medidas de protección especial para evitar cualquier espacio de dolor y/o sufrimiento que pudieran recibir por parte de los humanos, y fue así como modificó y adicionó las disposiciones civiles, penales y policivas, y de esa forma tipificó como punibles algunas conductas relacionadas con maltrato animal, creando sanciones penales para quienes las realicen, y en cuanto a policivo surgió un procedimiento administrativo sancionatorio. 

Para el interés de nuestra columna, sólo nos limitaremos a lo que dicha normatividad trajo consigo en materia penal, se resalta entonces lo dispuesto en los artículos 339A y 339B del Código Penal Colombiana donde expresan que el ciudadano que de alguna forma maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, y producto de dicho acto le produzca la muerte o lesión alguna en la salud a uno de estos animales, puede ser condenado a una pena de prisión de hasta treinta y seis (36) meses, y con la obligación de pagar una multa de hasta sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes, e incluso para los casos en que se acredite la actividad comercial con estos seres sintientes, se les genera una inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de dicha profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales. De igual forma, señala estos artículos de nuestro Estatuto Represor (Ley 599 del 2000), que las conductas se podrían considerar agravadas y aumentar la pena anteriormente señalada de  la mitad a tres cuartas partes, si el acto realizado y considerado como maltrato animal, se ejecuta con sevicia, se cometiere en una vía o sitio público o delante de un menor de edad o un inimputable o lo realizare un servidor o funcionario del Estado; de igual forma cuando aparte de causar la muerte o lesión de un animal, sobre estos se cometan actos sexuales con los animales.

Valga aclarar, que nuestra legislación también exceptúa en ciertas ocasiones de aplicarle el poder punitivo del Estado a través de las normas antes señaladas, cuando, por ejemplo y señala literalmente la norma que:  Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas. Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en la presente ley

Así las cosas, teniendo claridad con todo lo antes expuesto, podemos indicar que de comprobarse que en nuestro país a partir del calendario 2016 quien por ejemplo para probrar sus productos realice el testeo en un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado y cause la muerte o lesiones a este, o quien sin estar amparado por ley maltrate físicamente a un aminal como es en el caso del canino incinerado vivo en vía pública, podrá recaer sobre ellos el poder punitivo del Estado y ser investigados y posteriormente juzgado y condenado, de hecho, tal acontecimiento ocurrió en el país, en especificó en el municipio de Amagá, Antioquía, donde un ciudadano realizaba hurtos de gatos domésticos y luego les quitaba la vida procediendo a su consumo, y en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, fue condenado un ciudadano que con el uso de un arma blanca le quitó a la vida a su mascota; ambos casos conforme a la pena dispuesta en la Ley 1774 de 2016 fueron condenados. 

Se invita entonces a que, por respeto a la vida de los animales, nos abstengamos de realizar actos que perjudiquen a estos seres, de igual forma si tenemos conocimiento de quienes realicen estos actos, los pongamos en conocimiento de las autoridades pertinentes. 

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Twitter: @CristianT0rres