“Nadie que trabaje a jornada completa debería vivir en la pobreza”. John Edwards

Por Álvaro Morales de León

La llamada Constitución de los Derechos Humanos, la que en 380 artículos nos dejaron los constituyentes del 91, y que casi después de treinta años de existencia ha sufrido cerca de 60 reformas, se diferencia de la conocida como Constitución de Núñez, la de 1886, la que estuvo vigente por 104 años y que fue modificada en 70 oportunidades.

Entre los legados de la Constitución del 91, se encuentra la modificación de los periodos de los alcaldes, mandatarios que antes del 91 ya elegíamos de manera popular en virtud del Acto Legislativo 01 de 1986; pero, además, otro cuestionado legado es la incorporación a la Carta Magna del proceso eleccionario de carácter democrático y popular, eso dicen, de los gobernadores de los departamentos.

Pero son muchos los que hoy, después de 31 años de elección popular de alcaldes y 28 de gobernadores, en Colombia, no cesan de preguntarse ¿qué tanto le ha servido a los municipios, distritos y departamentos este proceso, supuestamente democrático y popular? ¿le ha servido realmente este modelo de elección a todos los municipios, distritos y departamentos, o sólo ha sido exitoso en algunos? Todas estas preguntas tendrán sus propias respuestas dependiendo de quien se las haga, y de los que consideren como funesto este legado constitucional.

En un país como Colombia no podríamos descartar ni desconocer otros infortunados legados de la Constitución del 91 que le han hecho mucho daño a la transparencia y al ejercicio de buen gobierno de este país, y es el procedimiento establecido para la elección del Procurador y del Fiscal General de la Nación, así como del Contralor de la República, responsabilidades que recaen en el Senado, la primera; en la Corte Suprema, la segunda; y en el Congreso en pleno, la última.

Otra molestosa herencia de la Constitución de 91 recae en la facultad otorgada al presidente de la república, Duque, en este caso, para decretar el incremento salarial de los congresistas, el cual, en medio de la pandemia y la crisis económica, fue establecido por el mandatario de los colombianos en un 5,12%, retroactivo a 1 de enero de 2020; creyendo muchos, que es un gesto de generosidad presidencial por agradecimientos en el trabajo legislativo.

Este grosero incremento porcentual del 5.12%, que asciende a 1,67 millones de pesos mensuales, permitirá a los llamados “padres de la patria” a que a partir del 1 de enero de 2021 pasen de ganar $ 32.741.000 a $ 34.417.000; en contraste con el exiguo incremento al salario mínimo establecido por decreto, por el Presidente, en el escaso 3.5%, pasando de $877.803 a $908.526.

Finalmente, otro inamovible constitucional del 91 ha sido el modelo de fijación o determinación del salario mínimo en Colombia, un perverso y fracasado modelo insertado en el artículo 56 y que dejó establecida la creación de la “Comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales”, concertación que por lo regular casi nunca se logra, y comisión que bien podríamos comparar con lo que dice el refrán, “una pelea entre tigre y burro amarrado”;

Razón tiene el empresario barranquillero Christian Daes, el de Tecnoglass, cuando le dijo a los del gobierno, lo que ya sabemos…