Por Neiver González Garizao

Al ya haber pasado un mes de que iniciara el Gran Paro Nacional, algunos sectores de la sociedad piden y reclaman el fin de las manifestaciones y el levantamiento de los bloqueos, algunos lo hacen levantado su voz en los estrados del poder y otros a punta de bala en las calles. ¿Las razones?, según el nuevo ministro de hacienda, José Manuel Restrepo, el paro le ha costado al país, hasta ahora, unos 10,2 billones de pesos. Son muchos los sectores productivos que luego de la gradual apertura de la economía en el país por causa de la Covid-19, se han visto dramáticamente afectados por los bloqueos y las manifestaciones. Cada día los empleados son menos en los pocos puestos de trabajos en las empresas, esas pocas que lograron sobrevivir a la pandemia. Las pérdidas son grandísimas y los desmanes que deja el vandalismo, como la quema del palacio de justicia en Tuluá, dejan daños costosos en el país.

Colombia está en una crisis, con pocos precedentes en la historia nacional, que hoy parece estar en lo más álgido, pero no se debe al paro ni a los bloqueos, por tanto no se arreglaría con la suspensión hoy de las manifestaciones y los “asedios” en las principales vías del país si antes no se buscan las causas y se las contrarresta. El paro y los bloqueos son consecuencias o efectos de fracaso del gobierno y el estado colombiano.

La crisis del país no sólo es de índole económica, sino social. La primera depende de la segunda, puesto que la “estabilidad social” de un país es la base económica. Las instituciones del sistema se enfrentan a la desconfianza y desfavorabilidad de los ciudadanos, pero esto no ha sido de gratis, sino que se debe a las nefastas prácticas de las mismas instituciones que desde las más altas han ido permeado a las más allegadas al ciudadano de a pie. En una institución como la del Senado de la Republica, por ejemplo, los diputados hablan de que gran parte de la culpa de dicha crisis la tienen ellos, sin embargo, siguen en sus cargos.

Para nadie es un secreto la pésima administración que se ha hecho de los dineros del país durante la pandemia, todos hemos visto noticias de los sobrecostos de las ayudas, como por ejemplo la lata de atún que costaba 19. 000 mil pesos en Arauca o el tapabocas de 45.650 pesos en Palermo, Huila, o los apoyos a las empresas y negocios, que en realidad lo que se vio fue que buscaban ayudar aquellas grandes como Avianca. Tras que Colombia tuvo uno de los paquetes de ayudas más pequeños en comparación con Perú, Chile, Brasil y Ecuador, los derroches fueron quizá uno de los más escandalosos.

El gobierno de Iván Duque es un gobierno que no escucha realmente, porque si lo hubiese sido, como dijo el ministro de defensa el pasado lunes en el Senado, pues se habría sentado con los colombianos los primeros días del Paro Nacional, pero no fue así y cuando se necesitaba la presencia y el dialogo la respuesta fue la ausencia y el silencio en un país acostumbrado a los escándalos. Reprimir, por tanto, ha sido la respuesta porque es el último medio que tienen los gobiernos esmirriados.

Por otro lado, si desde el gobierno se afirma que todo lo que está pasando como los incendios de las sedes de algunas instituciones es porque las protestas están infiltradas por grupos armados al margen de la ley, entonces eso quiere decir que le ha quedado grande al gobierno, y en general al estado colombiano, el papel de garantizar el derecho a la protesta y la seguridad.

Por último y como dato curioso, según la Contraloría General de la Nación, la corrupción nos costó el año pasado el 17% del presupuesto general, es decir alrededor de 50 billones de pesos, lo cual no es poco como para estar campantes.

En conclusión, los efectos de paro como las pérdidas del sector productivo, el cierre de empresas y el vandalismo son efectos de un efecto que tiene su razón en el debilitamiento del estado colombiano y la crisis de confianza que atraviesan las instituciones por las malas prácticas del mismo.