“Si tienes animales, trátalos bien, y si te sirven, consérvalos”. Eclesiástico 7:22

Por Álvaro Morales de León

En Cartagena, al igual que en otros sitios de Colombia, se dan, con el supuesto amor, defensa y protección de los animales, especialmente, con los deambulantes y callejeros, ciertas acciones que se expresan con sentimientos de aparente nobleza, pero que en verdad no lo son tanto.

Y es que detrás del presunto amor por los animales se esconde la búsqueda de lucros económicos con la contratación pública a la que acceden tales y supuestas organizaciones animalistas gracias a la politiquería y a la confusión y el embrollo jurídico y legal que persiste de manera ilegítima con quien suscribe, a nombre de la alcaldía de Cartagena, los contratos con tales presuntos amantes de los animales.

El enredo es de tal magnitud que quien por parte del gobierno define los contratos no tiene, por carácter misional, la facultad para hacerlo, me refiero a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, cuya responsabilidad de acuerdo a la Ley no es la protección ni defensa de los animales, sino la de procurar mejorar la productividad en los pequeños y medianos productores del campo, así como de los pescadores artesanales a través de  la transferencia de tecnología y conocimientos; por lo menos, así dice claramente la Ley 101 de 1993.

En Cartagena, para la protección de los animales, ajustando a los preceptos de la Ley 5ª de 1972 y al Decreto Reglamentario 497 de 1973 de la Presidencia de la República, el 12 de septiembre del año 2000 durante el gobierno de la designada alcaldesa Gina Benedetti de Vélez se expidió y promulgó el Decreto 0498 a través del cual se creó de manera formal, legal y oficial la Junta Defensora de Animales del Distrito de Cartagena, la cual, con la participación de Organizaciones Animalistas, así como de la UMATA, la entidad ambiental, y la Personería, entre otras, sería la entidad oficial y legalmente facultada para contratar.

Este Decreto inicial dictado para la creación de la Junta Defensora de Animales de Cartagena, sufrió una leve modificación, de forma, durante el gobierno sucesor de Gina Benedetti, el de Carlos Díaz Redondo, quien con el Decreto 0476 del 1 de agosto de 2003 excluyó de dicha Junta al representante de la Iglesia Católica, ajustándose a los principios constitucionales de libertad religiosa y a los establecidos en la Ley 133 de 1994, que versa y desarrolla tales libertades.

Pero se preguntará usted, ¿por qué se da esto de esta manera, y aún se sigue haciendo igual apartándose de los legal y legítimamente establecido? A lo que hay que decir como decía Cantinflas…” He ahí el detalle”.

También se preguntará usted, ¿por qué persiste el abandono y el maltrato con los animales deambulantes, callejeros y abandonados en vía públicas de Cartagena, o por qué no hay pronunciamientos serios y firmes con los cocheros que maltratan a sus caballos o con los persistentes carromuleros, a pesar de la proliferación de Fundaciones que en Cartagena dicen y pregonan desinteresado amor por sus cuidados? A lo que no podríamos decir “averígüelo Vargas” porque sí hay respuesta a esto.

Reservándome nombres, para no incurrir en delación de la fuente, en cierta ocasión, un beneficiario de estos contratos para la protección animal con la alcaldía de Cartagena, hace ya varios años, se me acercó para pedirme concepto o consejo frente a una muy triste y dolorosa situación que estaba viviendo por linchamiento mediático del que era víctima por causa del incumplimiento del objeto de un contrato de protección animal en Cartagena, incumplimiento que residía en una exigencia económica por parte de un concejal de la ciudad que intercedió para su logro, exigencia que se según me dijo el agobiado contratista, alcanzaba el 50% del monto contratado.

Finalmente, dicho contratista decidió buscar la manera de finalizar de la mejor manera dicho contrato, lo que acompañó con el juramento de abandonar para siempre dichos propósitos y presuntos sentimientos de amor por los animales.

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