La Secretaría de Gobierno de Bogotá puso en conocimiento que los líderes no Embera de la comunidad nativa que ocupa de manera ilegal el Parque Nacional, están «poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 290 menores de edad» al condicionar las negociaciones para el traslado de los Embera a otros lugares.

Los voceros políticos están exigiendo contratos de servicios «para ellos mismos por un valor de $114 millones de pesos», así como «la financiación de ollas comunitarias por $104 millones, para un total de $218 millones de pesos».

Las exigencias

El domingo 7 de noviembre, los voceros de esta comunidad, que no son Embera, solicitaron la firma de contratos de prestación de servicios de 12 personas vía correo electrónico al subsecretario de Gobierno y en mesas de diálogo.

Esta petición condiciona el diálogo que se había establecido con los Embera y las cinco mesas de diálogo en las que se había hablado sobre un traslado transitorio al parque La Florida.

«En ese mismo correo exigieron el dinero para las 4 ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones», señaló la Secretaría de Gobierno.

El subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, habló al respecto: «estos dos ofrecimientos no han sido aceptados por cálculos políticos y personales, donde no han antepuesto los derechos fundamentales de los niños y no se han preocupado por garantizarles mejores condiciones de vida y salud».

Adicionalmente, manifestó que la mitad de las personas que exigen los contratos, no han participado en los diálogos; y pone en duda su interés por resolver las condiciones de la comunidad Embera al no pertenecer o ser miembros de la comunidad.

Vulneración de derechos

«Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña», señaló Daniel Camacho, Subsecretario de Gobierno.

El funcionario se puso en contacto con el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia para denunciar la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes Embera que residen en el Parque Nacional.

En los dos meses que lleva la ocupación ilegal, la cual inició el 29 de septiembre del presente año, «29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, 4 niños y 2 adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido 3 partos en condiciones precarias».

Los diálogos

Por último, el Subsecretario de Gobierno afirmó: «seguimos abiertos a las mesas de diálogo, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional hace su proceso de reubicación o retorno a sus lugares de origen, pero nunca vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalicen a los menores, ni a chantajes durante el proceso».