La ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Justicia y Dignidad y Equipo Jurídico Humanitario 21N, emiten un comunicado en donde señalan presuntas ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes, casas de pique y la desaparición de 120 personas en el marco del paro nacional promovido por las centrales obreras en la ciudad Cali.

Esta información la hicieron a partir de diferentes denuncias anónimas sobre presuntas detenciones, desapariciones y ejecuciones de participantes de las manifestaciones realizadas en Cali, por parte de miembros de la Fuerza Pública.

El comunicado menciona «desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde presuntamente estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños». También distinas organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado sobre los excesos del ESMAD.

Créditos de la foto: @Ernesto Guzmán Jr

En cuanto a las denominadas «casas de pique» son lugares que fueron utilizados en el Valle del Cauca en 2014 para torturar, asesinar y desmembrar a personas. La denuncia de organizaciones de derechos humanos es justo alertando por supuestas «operaciones de los grupos civiles armados protegidos por policiales que habrían instalado un sitio con estas características en Ciudad Jardín». Barrio en el que quedó registrado en varios vídeos donde un grupo de civiles resguardados por policías, dispararon a plena luz de día, a una caravana de la minga indígena.

La ONG Human Rights International en respuesta a las denuncias sobre desapariciones ha publicado en su cuenta de Twitter que, en un cruce de datos con las organizaciones colombianas Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), así como la Agencia de Comunicación de los Pueblos y la Fiscalía junto a la Defensoría, arrojó que de 1.148 personas reportadas como desaparecidas 148 continúan sin ser ubicadas. También, Temblores, documentó la muerte de 43 personas, presuntamente por parte de la polícia, en todo el país.

El ministro Diego Molano, dijo ante su comparecencia en el senado por una moción de censura en su contra en la cual se investiga la desaparición de 129 personas en el país, en el marco de las protestas. Molano agregó que la Fiscalía solo ha recibido una denuncia por desaparición forzada.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y las otras organizaciones afirman que las «dinámicas de represión se han ido sofisticando» en casi un mes de protestas, lo que pretendería » evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal». Por ello, piden a los entes de investigación y de protección del Estado, entre ellos la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), «desarrollar su actividad con base en la información inicial pública». Entre las peticiones también exponen la necesidad de una «exploración técnica» con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y de la UBPD, con la participación de observadores de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.