Por Sergio Quintero

La velocidad con la que se expandió el COVID-19 en América Latina impidió una preparación adecuada por parte de los gobiernos y la sociedad civil en general, presentando un gran reto, principalmente, a los dirigentes políticos del continente. Es claro que decretar cuarentenas era casi inevitable, los riesgos ante la expansión del virus requerían medidas extraordinarias como las que se tomaron.

Sin embargo, esta medida no tiene como objetivo principal aplanar la curva de crecimiento de contagios, sino aplazarla. Fue la forma más apropiada de ganar tiempo por parte de los gobiernos (nacionales y territoriales) para fortalecer un sistema de salud publico cuyas deficiencias todos conocemos.

Cartagena, conocida por ser la principal ciudad turística y portuaria del país, cuenta con una red pública hospitalaria compuesta por la IPS: ESE Hospital Local Cartagena de Indias (44 sedes habilitadas), las ESE Maternidad Rafael Calvo y la ESE Universitario del Caribe, este último, designado como el único centro hospitalario que  puede recibir pacientes confirmados con el virus. Actualmente se desconoce su capacidad de atención para casos positivos por COVID-19 (en marzo habían solo 14 camas que contaban con las medidas de seguridad requerida) debido a las ultimas inversiones (pago de deudas) que ha recibido por parte de las EPS, Gobernación y Alcaldía.

Sería bueno (y necesario) conocer que tanto se ha avanzado en el fortalecimiento del sistema público de salubridad regional en estos 50 días que llevamos de confinamiento obligatorio.

También, es evidente que la epidemia y las decisiones adoptadas tienen efectos que van más allá de la expansión del virus y que impactan drasticamente en la ralentización de la economía. En una ciudad donde el empleo informal corresponde al 52,7% según cifras del DANE, no se puede tener solo como estrategia para la prevención del contagio un confinamiento de carácter obligatorio, se hace imperativo que la confianza depositada en las urnas el pasado 27 de octubre se vea reflejada en una actitud de liderazgo y gestión ante los órganos de administración pública nacionales, construyendo  propuestas y solicitudes que atiendan las principales necesidades de Cartagena.

Se ha puesto en evidencia la fragilidad que produce la informalidad laboral y la insuficiencia de los mecanismos de protección social. Esta incertidumbre afecta adversamente la efectividad de muchas de las medidas adoptadas para lidiar con la crisis. Debemos reflexionar y empezar a diferenciar la delgada línea que divide lo políticamente correcto y lo humanamente posible.

Es necesario entonces que se trace un norte claro como Distrito, que sea planificador y no reaccionario. Como dirían popularmente, aún se puede coger el toro por los cachos.