“Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado…”, Lucas 8:17.

Por Álvaro Morales de León.

Nunca pensó el monarca español Felipe III que una de las fortificaciones iniciadas en su reinado para proteger a Cartagena de los piratas y corsarios que pretendían robarles sus riquezas y tesoros, fuera a parar de manera casi eterna a manos de una élite de cartageneros “encompinchados” en una Sociedad a la que se le dio por que se le endosara el cuidado y conservación, casi que de manera eterna, el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, al igual que por muchos años lo hizo con los 11 kilómetros de murallas, baluartes y castillos de la ciudad, me refiero a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena.

La iniciativa del Rey Felipe III inspirada en 1614 ante el ataque del pirata inglés Francis Drake a la ciudad fue continuada por otros monarcas del imperio español hasta 1796, año en que se terminaron las obras de protección.

Pero lo que tampoco jamás se imaginaron los reyes de España es que todo ese chorro de dinero enviado para la construcción de las murallas y fortificaciones de Cartagena terminaría sirviendo a intereses muy particulares de una “crema” de cartageneros que por muchos años “han vivido a costillas” de este patrimonio nacional del que en una ocasión Fernando VII alarmado exclamó que siendo tan voluminoso el dinero transferido a Cartagena, para protegerla, dichas fortificaciones debían avistarse desde el balcón de su Palacio.

El propósito de “adueñarse” del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, ubicado en el barrio de Manga, lo logró en 1943 la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena en virtud de la Ley 30 de ese mismo año, ley que de manera inexplicable despojó a la Armada Nacional de su cuidado y conservación para endosárselo a este grupúsculo de cartageneros agremiados en tal Sociedad que ha vivido del patrimonio histórico nacional.

Correspondió al presidente Alfonso López Pumarejo durante su segundo gobierno, entre 1942 y 1945, validar esta ley 30 de 1943 con la que se legalizó el trampolín de la concesión del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo a la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y de esta a un grupo de jóvenes pescadores de la ciudad agrupados en un “Club de Pesca” que utilizando desde 1942 los oficios y buenas relaciones del patriarca José Vicente “Pepe” Mogollón Lavignac con el presidente Eduardo Santos, su amigo y copartidario, lograron que se promulgara la mencionada Ley.

Del modelo jurídico que permite la tenencia por 100 años del Fuerte del Pastelillo por parte del Club de Pesca solo se conoce que se dio a través de una Resolución emitida el 20 de enero de 1944 por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, de los cuales han transcurrido 77; pero lo que ahora se ha sabido es que una cosa es “El Club de Pesca”, aquel “club” de jóvenes pescadores que “arriman” sus embarcaciones en las orillas del Fuerte, y otra muy diferente es el Restaurante que lleva este mismo nombre.

Este entuerto de “vivezas” ha salido a la luz pública gracias al escándalo contra la estructura y fachada del Fuerte de San Sebastián de Pastelillo; como de igual manera, en su momento conocimos de los entuertos de otra sociedad, la de “Amor a Cartagena”, la que aún no termina de resolver ni hacer claridad sobre la titularidad de los predios donde con inversión pública construyeron colegios para la educación primaria en la ciudad, y que ahora reclaman como suyos.

Finalmente, como dice el versículo del evangelista Lucas: “Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz”, preparémonos para nuevas sorpresas.