Por José Carlos Patrón Galvis

Siempre que nos encontramos en épocas electorales, sea el lugar del mundo en que se intente observar, se aprecia surgimiento desde distintas orillas políticas de variopintas de propuestas económicas que, si bien pueden estar supuestamente bien intencionadas, con un breve repaso de la historia universal se demuestra el estruendoso fracaso que representaron, veamos algunos ejemplos.

Tal como señala el investigador del Cato Institute, Orestes R. Betancourt Ponce de León, un primer ejemplo es el que recuerda A. H. M. Jones en Inflación bajo el Imperio Romano, Bruce Bartlett en “Como el excesivo gobierno mató a la antigua Roma”, y H. J. Haskell en su libro El New Deal en la Antigua Roma, los cuales atribuyen en gran medida el declive y disolución del imperio romano occidental está en el excesivo nivel de impuestos que la burocracia impuso sobre sus ciudadanos. Conduciendo a que los capitales más pudientes ante la descomunal carga impositiva la evadían a través de medios legales e ilegales mientras las clases media y baja no podían con el costo de estos tributos.  Citando a Bruce Bartlett este recuerda como “en los cincuenta años posteriores a Diocleciano (284-305) la carga impositiva se duplicó aproximadamente, haciendo imposible que los pequeños agricultores vivieran de su producción”. El pensador de la época Lactancio (250-325) describe la situación así: “El número de beneficiarios –del gasto de la burocracia imperial– comenzó a superar el número de contribuyentes de impuestos; de modo que los medios de subsistencia de los labradores se agotaron por las enormes imposiciones, las granjas fueron abandonadas, y los terrenos cultivados se convirtieron en bosques”. Los impuestos, lejos de contribuir a mantener el imperio, fueron la ruina y catalizador de su caída. los césares y burócratas romanos no contaban que los incentivos y leyes económicas actuaran con independencia de mandatos y disposiciones formales del cual se preciaban los grades jurisconsultos romanos. Toda vez que en materia de asignación de los recursos los individuos, como señala Gregory Makiw, el uno de los pilares en la toma de decisiones de los individuos, es que estos responden a los incentivos y las personas racionalmente piensan en términos marginales, es decir la personas ante los castigos y recompensan. Es decir, sus conductas no vienen dadas por el precepto que muchas veces se quieren imponer normativamente, sino desde un criterio netamente de eficiencia en la custodia de sus recursos, así como cualquier cambio marginal en la afectación del individuo conlleva a un cambio en el plan de acción a fin de proteger su situación personal y sus recursos.

Esto se ve en casos como los impuestos –al igual que con los controles, las ayudas y la colectivizar la propiedad- que las consecuencias imprevistas pueden llevar a pique con las buenas intenciones de quien tome las medidas. Así sucedió en 1990 cuando el Congreso de EE.UU. aprobó la entrada en vigor para el año siguiente de un 10% de “Impuesto al lujo” sobre “los autos con un valor superior a 30.000 dólares, a los barcos con un valor superior a 100.000 dólares, a las joyas y pieles con un valor superior a 10.000 dólares y a los aviones privados con un valor superior a 250.000 dólares” según The Wall Street Journal señala el autor del ensayo. Si los más ricos pagaban por tales bienes superficiales, entonces podían contribuir más a la sociedad. Debían de pagar su parte correspondiente. Sin embargo, el bien intencionado regulador se encontró frente a un obstáculo infranqueable: la ley de oferta y demanda ignorado por completo la supuesta majestad del legislador. Sucede que la demanda de productos de lujo es, por lo general, elástica. Una persona con gran capital puede fácilmente comprar un bien de lujo en otro lugar o hacer una donación caritativa o comprar una casa nueva en un país distinto al de su usual residencia. Por otra parte, la oferta de estos bienes en el corto y mediano plazo es inelástica. Sucede que una fábrica de autos de lujo no puede ser reconvertida a una gran velocidad, o las habilidades específicas de un trabajador de la línea de ensamblaje de yates pueden ser fácilmente transferibles a otra actividad. La carga impositiva de tal impuesto cae entonces sobre la oferta, sobre la clase media-baja que trabaja en esas fábricas, sin contar las pérdidas que tales compañías tendrían en detrimento de otros gravámenes como el impuesto sobre las empresas que los producen. Si no hay demanda, los precios bajan y hay reducciones salariales, despidos y cierres. Las personas pudientes seguirán comprando sus bienes de lujo en lugares donde la carga tributaria sea más favorable o incluso como ha pasado en Colombia residirán en otros lugares y hasta se presentarían renuncia a la nacionalidad en favor de una ciudadanía y/o residencia en un país con carga impositiva racional.

Esperemos que en nuestro el debate económico-electoral gire entorno de la racionalidad tributaria y no del sentimiento, lucha de clases o resultado más taquillero electoralmente. si bien es cierto que se requiere un sistema equitativo y progresivo, también debe ser tomado en cuenta no la aplicación de criterios confiscatorios y de desestimulo a la libertad de elección de los individuos en cuanto al manejo de sus propios recursos, lo cual podría llevar a un desastre económico como la historia nos los ha mostrado repetidamente y que seguiremos ilustrando en este espacio.