En las últimas décadas y beneficiado por el Tratado de Libre Comercio, Barranquilla ha emergido como una potencia económica nacional y se ha posicionado entre las ciudades con un mayor crecimiento económico, fue protagonista del buen comportamiento de la economía colombiana en 2019 al aportar el 17% del crecimiento real de la industria nacional, con lo que logro ser la ciudad con mayor aumento en las ventas reales del comercio minorista y registrar un incremento del 66,6% y del 37,4%, respectivamente, en las exportaciones de sus zonas francas permanentes La Cayena y ZF Barranquilla (DANE, 2019).
Este crecimiento se ve reflejado en la infraestructura que ha sido la apuesta del alcalde Pumarejo y
sus antecesores desde que el clan Char asumió las riendas del distrito portuario. Si bien, dichas
administraciones tienen altos índices de aceptación según las encuestas, también han sido foco de
críticas por la preferencia hacía la contratación de obras civiles y no de proyectos sociales que
beneficien los sectores menos favorecidos.
Lo que ha contribuido a que en la Arenosa existan altos índices de desigualdad económica, situación
que se ha agudizado de manera alarmante por cuenta de la crisis sanitaria que desde marzo del año
pasado enfrenta la ciudad por el Covid 19.
Según la última encuesta Pulso Social realizada por el DANE, en la que se evidencia el impacto
negativo de la pandemia en la seguridad alimentaria del país, Barranquilla es la segunda ciudad del
país después de Cartagena donde mayor porcentaje de personas consumen menos de las 3 comidas
diarias, con un porcentaje del 54.7%.
Barranquilla sufre la misma problemática que muchas ciudades importantes de América Latina y el
mundo, si bien hay personas productivas y generadores de empleo, existe un gran parte de la
población que no tiene acceso a satisfacer una necesidad tan básica como lo es la alimentación diaria.
Por ello, las autoridades que manejan el presupuesto y que diseñan las políticas públicas deben atender
de manera eficaz esta problemática, así como crear programas que no solo garanticen la seguridad
alimentaria de la población, sino que también, regule otros temas directamente relacionados como lo
son la educación, las oportunidades de empleo y la planificación familiar.